En medio de la guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno mexicano recibió la notificación de una denuncia laboral contra la empresa Modern Metal Alloys, ubicada en Querétaro, por presuntamente violar los derechos de sus trabajadores a la contratación colectiva y a la libertad sindical.
La oficina del Representante Comercial del Gobierno de Estados Unidos, Jamieson Greer, activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para solicitar al gobierno mexicano que revise la situación en la empresa y determine si efectivamente se denegaron los derechos de los trabajadores.
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Se trata de la segunda denuncia de tipo laboral que interpone el gobierno estadounidense en la administración Trump, la cual inició el 20 de enero pasado. El primer caso se dio a conocer el pasado 3 de abril, en contra de la empresa Aludyne Automotive Mexico City.
El Sindicato Industrial de Trabajadores de la Transformación, Construcción, Automotriz, Agropecuaria, Plásticos y de la Industria en General, del Comercio y Servicios, Similares, Anexos y Conexos del Estado de Querétaro —conocido como Transformación Sindical— acusa a Modern Metal Alloys —fabricante de aluminio para autopartes— de negase a reconocerlo como representante laboral de los trabajadores, a pesar de tener la constancia de representación legal.
Asimismo, la empresa se resiste a firmar un contrato colectivo de trabajo con Transformación Sindical y le niega la entrada a la planta.
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Además, Modern Metal Alloys promueve entre los trabajadores que se afilien a un sindicato afín a sus intereses y también ha emprendido represalias contra los trabajadores que prefieren afiliarse a Transformación Sindical.
Después de agotar todos los recursos legales posibles en México, Transformación Sindical acudió en marzo de 2025 a las autoridades norteamericanas para solicitar la activación del Mecanismo Laboral de Repuesta Rápida, en aras de encontrar una solución.
Tras analizar el caso, la oficina del Representante Comercial consideró que existen elementos suficientes para iniciar una investigación, por lo que ha enviado una solicitud al gobierno mexicano con el propósito de verificar si efectivamente han sido violados los derechos de los trabajadores de Modern Metal Alloys.
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A partir de ahora, el gobierno mexicano tiene 10 días para abrir una investigación inicial y responder si acepta el caso. En caso de ser así, el gobierno mexicano deberá completar su investigación en un plazo de 45 días para verificar si tienen sustancia los alegatos y, de ser necesario, proponer un curso de remediación, en acuerdo con la empresa y los trabajadores.
GC
