Analistas internacionales coincidieron en que la crisis económica de Evergrande -que el jueves debía abonar un pago de 84 millones de dólares en intereses sobre el que todavía no se ha pronunciado- tendrá consecuencias limitadas, sin embargo, es una clara advertencia sobre el estado del mercado inmobiliario de China.

Hasta el jueves pasado, la deuda de la empresa superaba los 300,000 millones de dólares, de los cuales, 37,000 millones de dólares corresponden a préstamos por devolver antes del final del primer semestre de 2022. Además, el próximo 29 de septiembre, tiene un plazo pendiente para abonar 47.5 millones de dólares.

Especialistas mencionaron que la firma, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, llegó a esta situación debido a que el sector inmobiliario chino comenzó a sobrecalentarse a finales de 1990, cuando los reguladores de entonces abrieron la mano a promotoras ávidas por aprovechar el ‘boom’ del ladrillo chino.

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A lo anterior se sumaron las últimas regulaciones impuestas al sector para controlar su expansión desmedida, que obligaron a reducir pasivos y a ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez, de acuerdo con la consultora británica Capital Economics.

“Estimamos que Evergrande tenía cerca de 1.3 billones de yuanes (201,165 millones de dólares) en obligaciones por preventa, lo que equivale a 1.4 millones de bienes inmuebles a los que se había comprometido a completar”, precisó la agencia, la cual no prevé que la firma inmobiliaria acabe suspendiendo pagos.

Sobre ello, mencionó que es muy seguro que “el Banco Central chino intervendría para evitar un efecto dominó”.

Cabe mencionar que, entre las regulaciones destacan las denominadas “tres líneas rojas”, que buscan impedir que las promotoras chinas acumulen un pasivo excesivo, excedan ciertos niveles de apalancamiento o no dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo.

También se suman las restricciones a las hipotecas para “enfriar” el alto precio de las viviendas, inasequibles para muchas familias chinas, que tradicionalmente han confiado en este sector ante las restricciones o la falta de confianza en otros canales de inversión.

“Las viviendas son para vivir en ellas, no para especular”, zanjó en 2017 el presidente chino, Xi Jinping, lo que también levantó especulaciones sobre posibles reformas a los impuestos a la propiedad en consonancia con las últimas consignas de que el país debe redistribuir más su riqueza para evitar desigualdades.

Pero “pinchar” la burbuja inmobiliaria no es sencillo; en 2020 el país entró en lo que se conoce como “la era de los 10,000 yuanes (1,548 dólares)”, en referencia a que el metro cuadrado se mantuvo de media por encima de esa cantidad durante varios meses consecutivos.

En agosto, el metro cuadrado residencial alcanzaba en Pekín los 68,835 yuanes (10,653 dólares) y en Shanghái, 65,003 yuanes (10,060 dólares), subidas de 10.11% y 11.63% interanual, respectivamente, según el portal especializado chino City House.

Mientras, en otras ciudades más pequeñas como Qingdao (este), se teme que los precios se derrumben tras haber bajado 2.6 % hasta los 21,104 yuanes (3,266 dólares).

Otro problema es que más de 20% del parqué inmobiliario está en propiedad pero sin ocupar en “urbanizaciones fantasma”, sobre todo en el interior del país, construidas gracias a un gasto público ahora visto como excesivo.

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De hecho, ya hay algunas ciudades pequeñas en China que están poniendo límites a cuánto pueden bajar los precios de las viviendas para mantener la “estabilidad” y evitar un derrumbe del mercado.

¿Pekín, al rescate?

“Por una parte, (las autoridades) quieren inculcar disciplina. Por otra, saben que se enfrentan a que otras promotoras se contagien y colapsen”, señaló la economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico, Alicia García Herrero, quien prevé una quita de deuda elevada para los bonistas ‘offshore’ de Evergrande.

Dinny McMahon, analista económico de la consultora Trivium China, dijo a la agencia EFE que el Gobierno central “no rescatará a Evergrande”, pero sí apuesta por una reestructuración liderada por las autoridades locales.

Este proceso supondría despedazar la empresa y centrarse en los negocios inmobiliarios, que es donde reside su “verdadero valor económico”, para garantizar que los proyectos en marcha sean terminados, algo para lo que sería necesario pasar muchos de ellos a manos de otras promotoras.

Mientras tanto, se negociaría con los acreedores para retrasar el vencimiento de los préstamos o, en el caso de los más grandes, ofrecer patrimonio a cambio de la deuda.

Al final del camino, pronostica McMahon, una empresa propiedad de algún gobierno local “emergerá como inversor estratégico” para tapar cualquier agujero que quede en la financiación de Evergrande y ayudarla a “retomar sus operaciones” con normalidad.

Así, China podría proteger un sector cuyo valor, según el economista Zeping Hongguan, alcanzó en 2020 los 62.6 billones de dólares, por encima de los 33.6 billones del de Estados Unidos o el combinado entre Reino Unido, Francia y Alemania (31.5 billones de dólares).

Según McMahon, sumando todas las actividades relacionadas -como la producción de acero o cemento-, esta industria representa casi 30% del PIB de China.

Además, garantizar la estabilidad sigue siendo el principal mantra de las autoridades, que buscan evitar “riesgos sistémicos”, tal y como adelantó el propio Xi, quien en febrero de 2019 ya avisó de que China no podía “eludir” riesgos financieros, una tarea que se antoja ahora fundamental a un año del Congreso del Partido Comunista chino (PCCh) de octubre de 2022 en el que se decidirá si el presidente alarga su mandato más allá de 2023.

(Con información de EFE)

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