En medio de la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa Sempra Infraestructura anunció este martes el inicio de operaciones de la fase 2 de su parque eólico Energía Sierra Juárez, ubicado en Tecate, Baja California, lo que implicó una inversión de 150 millones de dólares (mdd).

Sempra Infraestructura es subsidiaria de la norteamericana Sempra, resultado de la fusión el año pasado de IEnova y Sempra LNG.

El parque Energía Sierra Juárez entrega actualmente 263 megawatts (MW) de electricidad al mercado del estado de California, Estados Unidos, servicio que se fortalecerá con la puesta en operación de la fase 2, informó Sempra Infraestructura en un comunicado.

La ampliación del parque implicó instalar 26 nuevos aerogeneradores, con capacidad de generar 108 MW de electricidad, equivalente al consumo anual de energía de 180,000 hogares. Asimismo, la obra permitió generar 1,700 empleos, entre directos e indirectos, informó la compañía.

“La expansión de nuestro parque eólico muestra nuestros esfuerzos por apoyar la continua integración de los mercados energéticos de América del Norte de manera sustentable”, mencionó Justin Bird, director general de Sempra Infraestructura, citado por el comunicado.

“Nuestra más reciente inversión muestra la confianza que Sempra Infraestructura tiene en la región de Baja California, al buscar conectar abundantes recursos eólicos y solares con clientes clave en México y Estados Unidos”, agregó el directivo.

La compañía también informó que la operación de su planta eólica implica el pago de una renta a ejidatarios de la región, por el uso de las tierras, conforme lo establece el marco legal mexicano.

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La puesta en marcha de la fase 2 del parque eólico Energía Sierra Juárez se presenta en un momento en el que el Congreso de la Unión discute, en Parlamento Abierto, la propuesta de reforma de López Obrador en materia eléctrica, que entre sus planteamientos principales, considera cancelar los contratos entre el gobierno y las empresas privadas, cancelar figuras como el autoabastecimiento eléctrico, así como dar prioridad en el despacho eléctrico a las plantas de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en segundo lugar, despachar la energía producida por empresas privadas.

Estos planteamientos han sido cuestionados porque, de ser aprobados, afectarán a las inversiones privadas, especialmente las de producción de electricidad a partir de fuentes renovables, ya que su energía solo podrá aprovecharse detrás de las plantas hidroeléctricas y de ciclo combinado de CFE, además de que las plantas eólicas de autoabastecimiento –proveedoras de grandes empresas— estarán prohibidas y tendrán que incorporarse al sistema eléctrico nacional.

GC