CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de que la institución fuera señalada de facilitar operaciones vinculadas al tráfico de opioides, lo que derivó en su exclusión del sistema financiero estadounidense.
En su recurso, el banco sostuvo que la sanción equivale a una “pena de muerte institucional”, pues amenaza la permanencia de más de 3 mil empleos y compromete recursos de sus clientes.
De acuerdo con los argumentos de CIBanco, la medida del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses administrados por la institución a través de fideicomisos que incluyen fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de ese país.
El veto de FinCEN prohíbe a entidades financieras de Estados Unidos realizar cualquier transferencia de fondos con CIBanco a partir del 4 de septiembre de 2025, lo que en la práctica desconecta al banco mexicano del sistema financiero internacional.
“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, afirmó la institución, que además acusó que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense.
El documento legal añade: “la publicación de la Orden final por parte de la FinCEN viola los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Sin una corrección inmediata, esta Orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco”.
La institución detalló que las sanciones ya provocaron la pérdida de todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos. A esto se suma la cancelación de su contrato con Visa, que inutilizó alrededor de 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por CIBanco.
La defensa del banco sostuvo que las acusaciones de FinCEN se basan en supuestas operaciones con empresas de México y China, pero sin nombres, fechas ni pruebas verificables.
“CIBanco ha buscado desesperadamente identificar a qué clientes y transacciones se refiere FinCEN, pero es como buscar agujas en campos de heno”, se lee en la demanda.
Así, la institución financiera advirtió que la sanción amenaza con su liquidación inminente y la pérdida de más de tres mil empleos.
Asimismo, alertó que el traslado forzoso de su división fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, afectaría directamente a beneficiarios tanto en Estados Unidos como en México.
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