El gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la apertura de un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para encontrar una solución al conflicto sindical que se vive en la Mina San Martín, de Grupo México, lo que constituye la primera vez que se activa un panel de este tipo.
De esta manera, el gobierno de Estados Unidos rechaza la respuesta que anteriormente el gobierno mexicano, en el sentido que no procede técnicamente atender el conflicto sindical en la Mina San Martín, a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
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El pasado 16 de junio, la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos entabló una denuncia contra México, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, por la presunta denegación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva de los trabajadores de la San Martín, un asunto promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Sin embargo, después de hacer los análisis respectivos, el gobierno mexicano respondió el 1 de agosto pasado que el conflicto en la Mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, estaba fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, por lo que no procedía atender el asunto conforme los pasos de este instrumento.
La Secretaría de Económica explicó que el asunto se suscitó antes de la entrada en vigor del T-MEC, en julio de 2020, y también porque la unidad productiva no es una empresa que haga exportaciones al mercado norteamericano.
Pero más de tres semanas después, la oficina del Representante Comercial insiste en que sí hay materia para abordar el caso de la Mina San Martín conforme al Mecanismo, por lo que solicitó la apertura de un panel, que constituye una instancia superior.
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“Estados Unidos y México han trabajado juntos de manera colaborativa para atender violaciones a los derechos laborales de numerosas empresas de México, conforme a las reglas del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, pero no han podido alcanzar un acuerdo en este caso particular. Por lo tanto, Estados Unidos ha considerado que es apropiado solicitar un panel para verificar que la unidad productiva cumpla con las leyes laborales mexicanas y determine si efectivamente ha ocurrido una denegación de derechos”, refirió la oficina del Representante Comercial.
En el año 2007, el SNTMMSSRM estalló una huelga en la Mina San Martín, de Grupo México, en reclamo de diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, suspensión de labores que se prolongó hasta el año 2018, cuando se organizó una consulta entre los trabajadores, quienes eligieron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, como su nuevo representante laboral.
Con este cambio de sindicato y de liderazgos, la Mina San Martín retomó sus actividades de producción en 2018.
Inconforme con esta situación, el SNTMMSSRM ha denunciado en el Poder Judicial de México la indebida actuación de Grupo México para reanudar las actividades de producción en una unidad minera que estaba en huelga y también por reconocer a un nuevo sindicato.
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Pero en aras de ejercer mayor presión sobre las autoridades mexicanas, para dar por inválido el cambio de sindicato en la Mina San Martín y por el levantamiento unilateral de la huelga, el gremio de Gómez Urrutia acudió a la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para solucionar el conflicto, mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
En su comunicado de este martes, la oficina del Representante Comercial refirió que en su respuesta sobre la primera solicitud para atender el conflicto mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el gobierno mexicano “no encontró la existencia de denegación de derechos”.
“Estados Unidos no está de acuerdo con esta determinación y por tanto requiere la instalación de un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para revisar la situación”, refirió el gobierno estadounidense en su comunicado.
Las autoridades norteamericanas no mencionaron con precisión en qué consistió la respuesta del gobierno mexicano del 1 de agosto, ya que las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social nunca dijeron que no hubiera violación de derechos en la Mina San Martín y que tampoco no hubiera necesidad de intervenir.
En su respuesta, el gobierno mexicano dijo que el caso ya estaba en manos del Poder Judicial de México y que en los tribunales se iba a resolver conforme a las leyes laborales.
Lo que consideró el gobierno mexicano que era improcedente era atender el caso en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
Hasta la publicación de este reporte, las autoridades mexicanas no han emitido ninguna reacción.
GC