El impuesto de 2% que comenzará a cobrar a partir de enero el gobierno de la Ciudad de México a las empresas de reparto de mercancía, que funcionan con aplicaciones móviles, tendrá un impacto en los costos de operación de estas compañías, lo que las obligará necesariamente a modificar los planes de negocio en el futuro inmediato, reconoció Rappi.
El Congreso de la Ciudad de México acaba de aprobar una serie de modificaciones al Código Fiscal 2022 de la entidad y que, entre otras novedades, incluye un aprovechamiento de 2% para las empresas de reparto de aplicación móvil que se encuentran presentes en la capital del país.
Las autoridades han expresado que no se trata de un impuesto, sino de un aprovechamiento que se solicitará a las compañías de aplicación móvil que hacen reparto de comida, despensa y otros productos, por el uso de la vía pública para desempeñar sus actividades.
Sin embargo, Alejandro Solís, director general de Rappi en México, admitió que este cambio encarecerá los costos de operación de la empresa y que el nuevo gravamen –que entrará en vigor el 1 de enero— tendrá que trasladarse a los restaurantes y comercios con los que Rappi tiene convenio, según un reporte del diario El Economista.
Asimismo, Rappi tendrá que revisar la comisión a los repartidores a través de quienes se hace la distribución de los pedidos y lo mismo tendrá que ajustar los precios por la prestación del servicio de entregas a domicilio a los consumidores finales.
“Nos sube los costos de transacción. Hace que todas las órdenes de los pequeños comercios sean las más afectadas”, dijo Alejandro Solís.
Actualmente, Rappi colabora con 100,000 comercios, de los cuales entre 40% y 50% son pequeños, a quienes se les tendrá que pedir una comisión más elevada por el reparto de la mercancía a los clientes, expuso el empresario.
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En este sentido, la compañía analiza modificar sus planes de crecimiento al considerar una mayor presencia en los estados de la República, para así evitar el pago del gravamen.
A unas horas de haberse aprobado las reformas al Código Fiscal, el gobierno capitalino difundió un comunicado en el que insistió en que el aprovechamiento “no puede ser transferible ni a los comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a los repartidores”.
También dijo que el cobro del gravamen a partir de enero es una decisión justa, ya que “estas grandes empresas trasnacionales, sacan sus ganancias del país, sin retribuir a la Ciudad por la actividad que generan”. (Con información del diario El Economista)
GC
