La minera Americas Gold and Silver se reunió con representantes del gobierno mexicano y el embajador de Canadá en México, en aras de alcanzar un acuerdo sobre el bloqueo que mantiene cerrada la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; el embajador canadiense Graeme Clark, y el presidente y director general de Americas Gold and Silver, Darren Blasutti, informó la empresa en un comunicado.

“La empresa propuso a los representantes del gobierno de México una negociación entre las partes que busca sentar las bases necesarias para reabrir las operaciones de la mina”, aseguró la compañía.

Desde hace más de un año, la mina de San Rafael ha permanecido inactiva por un conflicto sindical, en el que grupos enfrentados entre sí se disputan la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Al respecto, la empresa manifestó en el encuentro con las autoridades que no tiene preferencia por ninguna de las agrupaciones que pelea la representación sindical de los trabajadores, y que se mantiene respetuosa de lo que establecen las leyes mexicanas en estos casos.

“Darren Blasutti reiteró el compromiso de la empresa de trabajar con el sindicato que tenga legalmente el contrato colectivo de trabajo, según lo determinen las autoridades correspondientes”, aseguró la minera canadiense.

La reunión de Americas Gold and Silver con las funcionarias del gobierno mexicano se realizó una semana después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con retirar la concesión a la compañía de la mina de San Rafael.

López Obrador responsabilizó a la empresa de no querer resolver el conflicto sindical, por no aceptar que los trabajadores eligieron al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) —que encabeza Napoleón Gómez Urrutia— como titular del contrato colectivo de trabajo.

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Inmediatamente después de estas afirmaciones, la compañía publicó un comunicado en el que consideró preocupantes estas declaraciones y aclaró que no existen elementos para cancelar la concesión.

La minera también exhortó a la autoridades a encontrar una solución al conflicto en la mina San Rafael, al acusar que “durante más de un año, el grupo de extorsionadores presuntamente vinculados con el crimen organizado de la zona, ha tenido bloqueada la mina engañando a la opinión pública al justificar esta acción por un supuesto conflicto laboral entre sindicatos que no existe”.

GC