La semana pasada el gobierno envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico. De entrada, llamó la atención que en el anuncio fuera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el encargado de explicar los detalles de la iniciativa. Pocas veces en este gobierno se ha visto que un funcionario ajeno a la Secretaría de Energía (SENER) o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea el responsable de transmitir públicamente las decisiones que desde Palacio Nacional se toman con respecto al sector eléctrico.
Queda la impresión de que está vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido echar mano del oficio político de uno de sus cercanos para gestionar en el Congreso una reforma que es de la mayor importancia para el proyecto de la Cuarta Transformación. A diferencia de lo que ocurrió en febrero pasado, cuando el gobierno presentó la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) sin una estrategia clara para procesarla con el Legislativo y otros interesados, en esta ocasión el responsable de la política interna del país ha empezado a mover hilos para forjar una coalición de votos que permita su aprobación.
En línea con lo anterior, durante la conferencia de prensa matutina del presidente que se realizó el viernes pasado, el secretario de Gobernación explicó los detalles generales de la propuesta. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, se trata de una iniciativa que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y que contiene nueve artículos transitorios.
En contraste con la reforma a la LIE, donde el tema de la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional significó la columna vertebral del planteamiento, la reforma constitucional propuesta ahora tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la CFE. Según el gobierno, esta es una condición necesaria para garantizar la seguridad de la industria eléctrica nacional y el acceso a electricidad a mejor costo.
A reserva de que en entregas posteriores se analice con mayor detenimiento el contenido de la propuesta presidencial, que abarca diferentes aristas, todas ellas complejas, resulta pertinente dejar en claro desde ahora que la aspiración de llevar a la CFE a generar por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente, no solo muestra un desinterés por los retos que se enfrentan en la operación diaria del Sistema Eléctrico Nacional, sino que, de materializarse, incorporaría fuertes presiones – financieras y operativas – a la empresa.
Y mientras el gobierno ya ha puesto sus cartas sobre la mesa, el contexto global parecería favorecer, de alguna manera, la narrativa sobre la que está justificada la propuesta de reforma. Al respecto, el presidente López Obrador empieza a utilizar cada vez con mayor frecuencia el insólito incremento de las tarifas eléctricas en Europa para hablar de la necesidad de que el mercado eléctrico en México no sea manejado por empresas particulares.
Más allá de que la crisis energética en Europa obedece a diferentes causas, es previsible que desde el gobierno se continúe recurriendo a ella para apuntalar los argumentos contenidos en la iniciativa de reforma constitucional. Por ello, será necesario que los legisladores y otros actores opuestos a la propuesta del gobierno muestren el talento suficiente para entender y explicar qué hay detrás del aumento de las tarifas eléctricas en los países europeos.
En el contexto actual, esto resultaría útil para superar medias verdades y construir una discusión sería en torno a la reforma eléctrica.
Por Arturo Carranza Guereca
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