El mercado mexicano de gas natural, petrolíferos, Gas LP y petroquímicos tiene nuevas reglas. Los artículos 2 y 5 que se analizan en esta columna forman parte de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan su comercialización, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2026. Para los participantes del sector, las preguntas centrales son dos: ¿a quiénes aplican estas disposiciones y cómo se acredita el origen y la disponibilidad lícita del producto?

Ambos artículos se complementan: el 2 define quiénes están sujetos a las disposiciones, mientras que el 5 establece cómo debe documentarse el origen y la trazabilidad del producto, de acuerdo con la forma en que se obtuvo. El mensaje es claro: no basta con tener un permiso, también es necesario acreditar la operación y mantener la congruencia entre el producto, el volumen y los documentos que lo respaldan.

El artículo 2 establece que estas disposiciones son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas, personas morales, entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que se encuentren en alguno de cuatro supuestos. Los dos primeros comprenden a quienes desean comercializar gas natural, petrolíferos, Gas LP o petroquímicos, así como a quienes ya cuentan con un permiso vigente de Comercialización.

El tercer supuesto incluye a los titulares de otros permisos previstos en el artículo 76 de la Ley del Sector Hidrocarburos que tengan o pretendan establecer relaciones comerciales con un permisionario de Comercialización. El cuarto abarca a los titulares de Asignaciones o Contratos de Exploración y Extracción, así como de permisos de Procesamiento, Formulación o Refinación, que pretendan comercializar su producción.

Los participantes del sector público también deben revisar su situación. El artículo 2 incluye expresamente a las entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que encuadren en alguno de esos supuestos. No menciona individualmente a Pemex, CFE o CENAGAS, ni establece una exclusión general para las empresas públicas: su aplicación depende del supuesto en el que se encuentren y de la actividad que realicen.

A este alcance se suma el Transitorio Segundo: “Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que se opongan al presente instrumento”. Por ello, es necesario revisar las operaciones frente al nuevo marco regulatorio y las disposiciones anteriores que puedan resultar contrarias a este, en los términos establecidos por dicho transitorio.

Una vez identificado quiénes están sujetos a las disposiciones, el artículo 5 centra la atención en el producto. Para ofertarlo y venderlo, exige acreditar su origen y disponibilidad lícita mediante documentación que corresponda a su importación, producción o adquisición nacional. La Comisión puede requerir estos documentos, por lo que deben mantenerse actualizados y guardar congruencia con el volumen y el tipo de producto.

Para los importadores directos, la fracción I contempla permisos vigentes de importación y Comercialización; un contrato vinculante con el proveedor extranjero o la documentación correspondiente, como la factura comercial o la carta porte; contratos de Transporte, Almacenamiento y Distribución; pedimentos y CFDI. Todos estos documentos deben integrar una cadena que vincule el contrato con el proveedor extranjero, el pedimento y el CFDI de venta, con congruencia en el producto y el volumen.

En el caso del gas natural transportado por ducto, la trazabilidad se acredita mediante balances de volumen o energía —por ejemplo, en GJ—, sin necesidad de identificar un lote. Una importación por gasoducto desde Texas debe considerar el contrato con el proveedor estadounidense, el permiso de importación, los pedimentos, el CFDI de venta y los balances correspondientes.

Para quienes producen, procesan, refinan o formulan, la fracción II establece una lógica distinta: exige acreditar el permiso de Refinación, Procesamiento o Formulación, o la Asignación o el Contrato correspondiente. La documentación debe vincular la producción con la entrega e identificar el producto, el volumen, la unidad de medida, el lote y la fecha, cuando corresponda.

También es necesario documentar las operaciones hasta el destino final y mantener la congruencia entre los CFDI, las entradas, las salidas, las existencias y las mermas. El volumen producido debe corresponder con lo facturado y entregado, considerando las mermas dentro del balance.

En el caso de la gasolina formulada en una planta propia, los documentos deben vincular el lote, el volumen y la fecha desde la producción hasta la entrega. Para el Gas LP obtenido en una planta de procesamiento, la producción, las entregas y las existencias deben coincidir con la facturación. En cuanto al etano producido en un complejo propio, los volúmenes de producción, las entregas y las mermas deben corresponder con los CFDI y los movimientos registrados.

Para los compradores nacionales que comercializan el producto, la fracción III exige que el proveedor sea otro permisionario de Comercialización y cuente con permisos vigentes. El contrato de compra, la factura o el documento equivalente y el CFDI deben acreditar la procedencia y trazabilidad del producto. Las disposiciones analizadas impiden adquirirlo de titulares de permisos de Distribución que actúen como proveedores.

La revisión del proveedor debe realizarse antes de concretar la compra: es necesario verificar que el vendedor cuente con un permiso vigente de Comercialización. Posteriormente, deben conservarse los documentos de la operación y mantenerse la congruencia entre el producto, el volumen, la unidad de medida, las entradas, las salidas y las existencias.

En el caso de los petrolíferos, la trazabilidad puede incluir el contrato, el CFDI, la carta porte y los registros de entradas, salidas, existencias y mermas, con información sobre el lote, el volumen y la fecha. Por ejemplo, el diésel importado por buque debe respaldarse con el permiso de importación, el contrato con el proveedor extranjero, el pedimento y el CFDI acompañado de la carta porte, manteniendo la congruencia por lote. Si se adquiere en el mercado nacional, debe provenir de un permisionario de Comercialización y estar respaldado por el contrato y el CFDI correspondientes.

Para el Gas LP importado por autotanque se deben considerar el permiso de importación, el contrato con el proveedor extranjero, el pedimento y el CFDI acompañado de la carta porte. Cuando se adquiere en el mercado nacional, deben existir un contrato, una factura y un CFDI emitidos por un comercializador con permiso vigente, además de los registros de entradas, salidas, existencias y mermas.

En el caso de los petroquímicos, el etano importado por carrotanque debe contar con el permiso de importación, el contrato con el proveedor extranjero, los pedimentos y el CFDI acompañado de la carta porte, todos congruentes en cuanto al producto y el volumen. Si se adquiere de otro comercializador nacional, el contrato y el CFDI deben acreditar su procedencia y trazabilidad.

La fracción IV incorpora otro escenario: las operaciones con otro comercializador bajo el supuesto previsto en esa disposición. Además de los requisitos establecidos en la fracción III, exige acreditar los servicios de Transporte, Almacenamiento o Distribución conforme al artículo 107 del Reglamento. Para los petrolíferos y el Gas LP se señala la titularidad de al menos un permiso para realizar alguna de esas actividades, mientras que, para el gas natural, los permisos mencionados incluyen los de Procesamiento o Regasificación.

En este supuesto, no basta con acreditar la compraventa: también es necesario respaldar la logística con los permisos correspondientes y mantener actualizada la documentación que puede requerir la Comisión.

Los biocombustibles requieren un análisis por separado. El artículo 2 no incluye expresamente al etanol ni al biodiésel puros. Sin embargo, cuando se mezclan con gasolina o diésel, el producto que se comercializa es un petrolífero, por lo que debe acreditarse su origen y registrarse la mezcla por lote y volumen. En el caso de la gasolina con etanol, se debe comprobar la procedencia de la gasolina y registrar la cantidad de etanol incorporada. Para el biocombustible puro, es necesario verificar jurídicamente el régimen aplicable y los permisos correspondientes.

La preocupación está en no confundir ambos escenarios: el biocombustible puro y la mezcla que se comercializa. La incorporación de etanol o biodiésel no sustituye la documentación del petrolífero. Quien formula o comercializa debe mantener la congruencia entre el origen acreditado, los componentes incorporados y el volumen registrado de cada mezcla.

En conjunto, los artículos 2 y 5 vinculan a importadores, productores, comercializadores y participantes logísticos bajo una misma exigencia: contar con una cadena documental que permita identificar al participante, el origen del producto y su trazabilidad. Los permisos, contratos, pedimentos, CFDI, cartas porte, movimientos, entradas, salidas, existencias, mermas y volúmenes deben guardar congruencia entre sí.

¿Dónde está, entonces, la preocupación? En la capacidad de respaldar cada operación cuando la Comisión solicite la documentación, y no únicamente en contar con un permiso vigente. Tener contratos, facturas o pedimentos por separado no resuelve el problema si los documentos no corresponden al mismo producto y volumen. La pregunta es concreta: ¿puede la empresa demostrar de dónde proviene lo que vende y cómo se relaciona con sus compras, producción, entregas y existencias? Si la respuesta depende de documentos incompletos, desactualizados o incongruentes, hay un aspecto que debe revisarse antes de considerar que la operación está suficientemente respaldada.

Esa revisión también debe incluir a la contraparte. En las adquisiciones nacionales previstas en la fracción III, no basta con que el vendedor tenga producto disponible o emita una factura: debe ser un permisionario de Comercialización con permisos vigentes. Confundirlo con un distribuidor puede llevar a estructurar una compra que no corresponda al supuesto analizado. Los importadores y productores también deben revisar sus propias cadenas documentales, sin asumir que el permiso sustituye los registros de origen y trazabilidad. Cada participante necesita identificar el supuesto que le corresponde y los documentos que respaldan su intervención en el mercado.

La preocupación también alcanza a la logística y a las empresas públicas cuando estas encuadren en los supuestos señalados. En las operaciones previstas en la fracción IV, acreditar la compraventa no sustituye el respaldo de los servicios de Transporte, Almacenamiento o Distribución que correspondan. Las mermas, los balances y las existencias tampoco son registros secundarios: forman parte de la congruencia de la operación. La revisión debe relacionar los permisos, los proveedores, el producto, los movimientos y la facturación. Más que acumular documentos, se trata de comprobar que la cadena documental sea consistente, esté actualizada y pueda explicarse ante un requerimiento de la Comisión.

Comercializar, por tanto, no consiste únicamente en comprar y vender: implica demostrar el origen y la disponibilidad lícita del producto, así como la congruencia de toda la operación. Identificar el supuesto aplicable del artículo 2 y la documentación exigida por el artículo 5 constituye el punto de partida para operar dentro del nuevo marco regulatorio.

Por: Ramses Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos