Hace unos días se presentaron las principales características y funciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal, un proyecto sumamente ambicioso y de gran relevancia para la innovación en el sector público. De forma personal, y después de trabajar más de 10 años en el Gobierno Federal, siempre en áreas relacionadas con el análisis de datos, estoy convencido de que la digitalización del gobierno no solo es crucial, sino urgente. Sin embargo, para que esta transformación sea efectiva, es imprescindible abordar y solventar los múltiples retos que conlleva. A continuación, detallo los beneficios y desafíos de este programa de digitalización.

La digitalización y automatización de procesos tienen el potencial de transformar la operación gubernamental al reducir el tiempo y los recursos destinados a actividades burocráticas. Esto permitirá agilizar las operaciones, simplificar los trámites y mejorar la experiencia de ciudadanos y empresas al interactuar con el gobierno.

Además, esta transformación digital, acompañada de la modernización de los sistemas informáticos, generará enormes bases de datos interconectadas entre áreas y dependencias gubernamentales. Cuando estas bases se combinen con técnicas avanzadas de análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial, será posible construir modelos que faciliten la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, que sean una herramienta directa para los tomadores de decisiones (policy makers). Imagina relacionar el historial académico de un estudiante —con datos de la SEP— y su trayectoria laboral en el sector formal —con datos del SAT—; las aplicaciones de política pública son inmensas: ¿Qué planes académicos fomentan la formalidad laboral y un mayor salario? ¿Cómo conectar las necesidades del mercado laboral con la oferta educativa? ¿Cómo evaluar a profesores, instituciones y planes de estudios? De hecho, hace algunos años participé en el planteamiento de un proyecto con estos objetivos.

Entre los beneficios indirectos de la digitalización destacan el potencial de reducir actos de corrupción al eliminar trámites presenciales y filas que inducen malas prácticas para agilizar procesos. Asimismo, la digitalización —si se acompaña de instituciones que perduren, lineamientos estables a lo largo del tiempo y metodologías sólidas para la recopilación y actualización de datos— permitirá generar indicadores de desempeño y un mayor acceso a la información pública, mejorando la transparencia. Finalmente, sustituir documentos físicos y oficios por medios digitales reducirá el uso de papel y fomentará una comunicación más eficiente y efectiva dentro de las instituciones públicas.

Sin embargo, implementar una estrategia de digitalización efectiva no está exento de grandes desafíos, cuya solución determinará el éxito del proyecto. Uno de los primeros retos es mapear los procesos actuales. Esto implica crear diagramas de flujo que detallen cada acción y actor involucrado en los procedimientos operativos y trámites gubernamentales. Este análisis es esencial para identificar actividades innecesarias, duplicadas o riesgosas, y permitirá establecer procedimientos nuevos con controles integrados. A esto se suma la necesidad de mejorar la calidad e integridad de los datos históricos, a menudo recopilados sin criterios mínimos de calidad. Será indispensable implementar protocolos que den seguimiento y documenten el origen, transformación y destino de los datos a lo largo de su ciclo de vida (linaje de bases de datos).

Otro reto importante está relacionado con el uso de los sistemas informáticos. Estas tareas representan un desafío presupuestal significativo debido a los altos costos de las licencias, desarrollo, almacenamiento, interconexión, mantenimiento y ciberseguridad. Para mitigar estos costos, la Agencia ha propuesto la creación de una fábrica de software. Esta iniciativa deberá aprovechar el uso de lenguajes de programación open source que sean elegidos priorizando su versatilidad, eficiencia, interoperabilidad y soporte, lo que ayudará a reducir costos, aunque su implementación se podría prolongar considerando la curva de aprendizaje en los nuevos desarrollos. No obstante, no hay que descartar soluciones híbridas, donde se combinen herramientas open source, lenguajes propios, así como softwares privados que han probado ser eficientes considerando la relación costo-beneficio, siempre y cuando su adquisición siga los principios propios de una contratación gubernamental. La fábrica de software deberá establecer criterios de calidad e incluir una amplia documentación de manuales de procedimientos y protocolos de capacitación continua.

Será necesario establecer lineamientos claros para el manejo y almacenamiento de datos confidenciales, reservados y públicos. Esto incluye protocolos rigurosos de identificación de ciudadanos, como cartillas digitales o el uso de datos biométricos. Garantizar la privacidad y seguridad de la información también será fundamental, esto en un contexto en el que la ética en el manejo de datos evite prácticas discriminatorias y garantice que los datos no se usen de manera discrecional, perjudicial o manipulativa.

Finalmente, la democratización de la digitalización será esencial para el éxito del programa. Esto implica capacitar a los funcionarios públicos en el uso de nuevas tecnologías, romper paradigmas culturales en torno a la modernización tecnológica y fomentar su adopción entre la ciudadanía, sin importar factores como la edad, el nivel socioeconómico o el acceso a dispositivos tecnológicos.

La transformación digital del gobierno representa un paso importante hacia la modernización y eficiencia del sector público. Sin embargo, su éxito no dependerá únicamente de la implementación tecnológica, sino de la capacidad para enfrentar los retos regulatorios, técnicos, financieros y culturales que implica. Resolver estos desafíos no será tarea sencilla, pero es imprescindible para garantizar que esta transformación se traduzca en beneficios reales para la sociedad.

 Luis Federico Puente

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