“Gasolinazo”, oportunidad de catarsis, pero también de hacer conciencia

El alza de los precios de las gasolinas, el llamado “gasolinazo”, ha caído como bomba para la opinión pública. Y es entendible. Estamos cansados de ver cómo en los últimos meses cada vez se escuchan más actos de corrupción por parte de autoridades a cualquier nivel de la esfera política (municipales, estatales, federales). Al mismo tiempo, el gobierno decidió subir los precios de las gasolinas. Es una fórmula perfecta para el descontento social. Pero no hay que confundir “la gota que derramó el vaso”, con la gota en sí misma y descalificar rápidamente la decisión del gobierno. En esta columna intentaré darles algunos puntos económicos para entender por qué la decisión ha sido, en el fondo, la correcta. Dejemos por un momento de lado el sentimiento de injusticia y descontento con la actual administración y la percepción de varias políticas erróneas en diversos frentes. Es un sentimiento que comprendo y comparto. Sin embargo, para evaluar la política de alza de precios en las gasolinas, hay que tomar en consideración otros factores que no necesariamente han sido explicados con claridad. ¿Por qué tenemos que pagar más cara la gasolina si somos productores de petróleo? México, en efecto, es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo (cerca del décimo país productor aunque con significativa diferencia en barriles producidos frente a los primeros tres). Y con esa idea nos hemos quedado a pesar de que la producción de petróleo ha ido disminuyendo de manera importante en los últimos años, pasando de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.1 en 2016. A esto hay que sumarle la caída de los precios en los últimos años, lo que en particular ha complicado el escenario para las finanzas públicas (y la moneda mexicana). No obstante, el mercado de la gasolina ha tenido un panorama complejo. La falta de inversión en infraestructura ha generado que tengamos que importar gran parte de la gasolina que se necesita consumir en el país, lo que nos sujeta a condiciones internacionales. Ahora el precio estará determinado por el nivel al que se compra en el mercado internacional, más el costo de transportarla, más el impuesto, más la conversión a pesos. Durante muchos años, quien corría con el costo o beneficio era el gobierno y ahora recaerá en los consumidores. Recientemente, los precios internacionales de las gasolinas han comenzado a subir en línea con el alza (todavía insipiente) de los precios del petróleo. Este aumento en las gasolinas es parte del proceso de liberalizar los precios. En estos procesos siempre hay grandes costos iniciales pero en el mediano plazo será algo benéfico, dado que estimula la competencia, mejora la calidad y el servicio, dará mayor estabilidad a los ingresos del gobierno y dejará de ser un componente de uso político. Por el contrario, los efectos negativos más inmediatos se reflejarán en la inflación. El peso de las gasolinas en la inflación equivale a 4.24%, por lo que el impacto será de cerca de 63 puntos base (esto sin contar el efecto en otros rubros por el alza de la gasolina) en la inflación general anual. Este factor se une a la depreciación del tipo de cambio (el miércoles 4 de enero alcanzó, de nuevo, máximos históricos), el ajuste en las tarifas de electricidad y el alza en el salario mínimo, que llevará inflaciones más elevadas en 2017. Al momento de evaluar el llamado “gasolinazo” hay que también considerar que de no haberse hecho ahora, el costo hubiera sido mucho mayor en los siguientes años, en particular, porque seguiría poniendo mayor presión a las finanzas públicas. Y, como he comentado en otras columnas, este se ha vuelto uno de los “focos rojos” económicos más importantes del país. La liberalización de las gasolinas aunque ahora resulta costoso, evitará una crisis mucho más compleja en un futuro que no resultaba tan lejano. Sin embargo, esto no resuelve todos los problemas de finanzas públicas que tenemos y no exime al gobierno de cumplir con otras responsabilidades como: el compromiso de reducir y hacer eficiente el gasto, mayor fiscalización a estados y municipios, mayor hincapié en la lucha contra la corrupción, entre otros. Daniela Blancas