El tema de moda es la corrupción y lo que llena la boca de todos los actores políticos, empresariales y organizaciones civiles, es cómo castigarla. Ninguna campaña que se respete, ya sea para Presidente de la República, gobernador o legislador, podrá dejar este tema fuera de su batería de propuestas y discursos. En pocos meses escucharemos, por parte de los opositores al gobierno, que México es el cuarto país con el mayor índice de impunidad en el mundo y el primero en América Latina. Que los mexicanos sólo denunciamos siete de cada 10 delitos porque lo consideramos una pérdida de tiempo dada la desconfianza en las autoridades. Los candidatos nos dirán que para hacer eficiente el sistema de justicia debemos aumentar el promedio nacional de magistrados y jueces, de 3.5 por cada 100 mil habitantes, a 16 como en países desarrollados. Esgrimirán el argumento de que es necesario retomar el control de las cárceles y para ello debemos aumentar a 47 el número de policías por cada 100 reclusos de los 20 que tenemos hoy, pero realmente capacitados para servir y un largo etcétera que ya conocemos. Lo que no dicen es cómo lograrán que se respete la ley. La impunidad alimenta la corrupción, incrementa la inseguridad y genera más violencia; sí, ya lo sabemos. El nuevo sistema judicial puede fracasar de no contar con un componente vital que regula el comportamiento humano y este es: el miedo. Sí, el miedo nos ayuda a decidir lo que deseamos o preferimos sobre otras opciones. El sistema de justicia debe considerar no sólo cuál de las dos opciones disponibles, libertad o sanción -económica o prisión-, es la que un individuo desea elegir. Si deseamos alcanzar el nivel de bienestar social del que hablamos todos, debemos imponer el miedo a que la “pena”, no necesariamente la sanción, más grande por violentar la ley será no la económica o la privación de la libertad sino la de llevar una “marca”, un señalamiento moral, el rechazo social. Para esto no hace falta crear nuevas instituciones enormes y pesadas en su burocracia. Ya hoy contamos con los instrumentos para fiscalizar el actuar del gobierno. Como lo ha mencionado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, la cuenta pública es un instrumento no aprovechado de fiscalización y no es aceptable mantenerlo en el olvido. La realidad nos muestra todos los días que debemos poner en duda la forma en que organizamos nuestro sistema de justicia. Quizá, comenzar la renovación requiera replantear nuestra moral, nuestra identidad como sociedad mexicana. Debemos convertirnos en una sociedad donde los servidores públicos, empresarios y los ciudadanos en general se detengan antes de cometer el acto ilícito, no al ser sorprendido en el mismo. Una forma de lograrlo, es a través del miedo.