“Desastre es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana generada por pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizada que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios bienes…”: Carlos Miguel Valdés, Director General CENAPRED. Pasaron exactamente 32 años para que el centro del país fuera sacudido nuevamente en su conciencia, unidad y suelo por parte de la naturaleza. La respuesta social, y sí, también del gobierno, fue un ejemplo para el mundo entero que observó cómo mexicanos de todos los niveles sociales hicieron una pausa en sus vidas para ayudar a un extraño en apuros. Sí, hubo lamentables pérdidas humanas y la inversión para reponer los daños materiales ascienden a más de 38,000 millones de pesos, de acuerdo a los últimos estimados por parte del gobierno federal. En Chiapas y Oaxaca se estima que son necesarios alrededor de 6,000 millones de pesos, tan sólo para iniciar la reconstrucción. Una vez superada la etapa inicial de la emergencia comienzan a surgir voces quienes acusan que parte de la tragedia no sólo pudo, sino que debió evitarse. Los cuestionamientos que este planteamiento ocasiona son, ¿Tienen razón estas voces? ¿Quién es culpable entonces? y ¿Quién debe pagar los costos? Con base en datos oficiales, ocho de cada 10 muertes ocurridas por los sismos de septiembre pasado tuvieron su origen en dos factores principalmente: 1) Actos de corrupción donde están involucradas las inmobiliarias y diversas autoridades municipales, estatales y federales; y 2) La pobreza y marginación que sufren millones de mexicanos en la zona sureste del país. Atendiendo el primero de los dos factores, al día de hoy existen más de 80 carpetas de investigación por los daños o pérdidas de vivienda en la Ciudad de México. Las acusaciones imputadas son: fraude, cambio indebido del uso de suelo, dos por homicidio culposo y por responsabilidad de los directores de obra. Es posible que algunas empresas constructoras cometieran fraude por utilizar materiales que no cumplen con los estándares vigentes en la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México y a nivel nacional. De ser el caso, se logró gracias al contubernio de servidores públicos quienes, haciendo uso ilegal de sus atribuciones, expidieron licencias de construcciones y que hoy apuestan al amparo de la impunidad y al error ciudadano para señalar a los culpables y exigir consecuencias. Sin sonar insensibles ante la tragedia es necesario dimensionar el costo, que nuevamente cargaremos todos los mexicanos, de las malas prácticas por parte de estas empresas y servidores públicos. Veamos, ¿De qué tamaño son esos 38,000 millones de pesos? Con este monto, podría duplicarse el presupuesto aprobado para la Universidad Nacional Autónoma de México, que en el 2017 recibió 40.9,000 millones de pesos o bien, se pueden reponer los 35,000 millones de pesos que se recortaron a la Secretaría de Educación Pública en el 2017 y con los 3,000 millones de pesos restantes, aumentar en 150 por ciento el monto del Fondo de Contingencia de la Ciudad de México que, de acuerdo al jefe de gobierno, al día de hoy cuenta con 2,000 millones de pesos o bien, incrementar en 30 por ciento el monto disponible del Fondo Nacional de Desastres. No pretendo decir que los gobiernos locales y el federal, abandonen a su suerte a quienes resultaron afectados por estos sismos. Sin embargo, se debe exigir que una parte del castigo ejemplar para quienes cometieron faltas que terminaron costando vidas sea la reparación de los daños. No podemos permitir que la tragedia sirva como botín para algunas empresas quienes ya se frotan las manos por el jugoso negocio que será la reconstrucción. Se deben poner reglas claras para programas como Plataforma Integral CDMX, donde existen tres tipos de clasificaciones y acciones -verde, amarillo y rojo- para las viviendas afectadas y dentro de las cuales, aquellas que tengan la categoría “amarillo”, su reparación será realizada -sin costo para el afectado- por empresas de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) quien cuenta dentro de sus miembros destacados a actores nacionalmente conocidos como grupo GICSA famoso por su controversial proyecto “Palmas 905” que tanto conflicto ocasionó por sus dudosas prácticas en la zona de Lomas de Chapultepec o Grupo “ICA”, quien estuvo al borde de la quiebra por el escándalo en la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, entre otros. Junto con estas acciones y la prontitud con la que se están realizando, se debe concluir con las averiguaciones previas de los 38 inmuebles colapsados en distintas zonas de la Ciudad de México que, a la par de las pérdidas humanas, terminaron con el patrimonio de cientos de mexicanos sin enfrentar hasta ahora consecuencias por su negligencia. Ante esta tragedia, la sociedad respondió emulando las acciones históricas de la generación anterior quien sacó adelante al país después de aquel septiembre de 1985 con un cambio en su organización y cultura cívica. Ahora toca al gobierno demostrar que también aprendió su lección empatando el esfuerzo de la sociedad no sólo señalando a los culpables donde se demuestre un acto de corrupción, pero también frenando todo intento de politizar la tragedia y la ayuda como 32 años atrás y dando castigo ejemplar a los culpables haciéndolos pagar no indemnizaciones en muchos casos ridículas, no señores, reparando el daño ocasionado al patrimonio de miles de mexicanos. Para poder dimensionar cómo la vigilancia en el cumplimiento de las normas ayuda a prevenir desgracias, pongamos de ejemplo a Japón. Este país ha sufrido sismos fuertes con frecuencia, basta recordar el de 8.5 grados en 2015 o el sucedido el 20 de noviembre de 2016, el cual tuvo una intensidad de 7.3 grados y cuyo epicentro estuvo apenas a 10 kilómetros de profundidad y a 200 kilómetros del centro de Tokio y en ambos casos, no se reportaron afectaciones mayores a la población ni edificios derrumbados. El contraste es evidente con el sismo del pasado 19 de septiembre, el cual tuvo una intensidad de 7.1 grados con epicentro a 57 kilómetros de profundidad y a una distancia de 120 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, nos dieron la oportunidad de recomponer mucho del dañado tejido social y su confianza en las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Es una oportunidad por la que México pagó con 360 vidas, aprovechémosla sin sumar a estas el costo de 38,000 millones de pesos mal utilizados.