Han pasado algunos años desde que se empezó a ejecutar un nuevo modelo energético en México. Tras los cambios constitucionales del 2013 y la creación y armonización de otras leyes secundarias, las puertas de la industria de hidrocarburos se abrieron al capital privado. Desde entonces a la fecha, en el país hemos visto como las empresas privadas, jugando bajo las reglas de este modelo, invierten y ganan presencia en todos los segmentos de la cadena de valor de esta industria. 

Los resultados de la apertura pueden verse a simple viste. En un análisis somero, se pueden observar en la composición del sector, donde autoridades, reguladores y empresas – públicas y privadas – coexisten a partir de valores entendidos. Este diseño institucional permite que las empresas privadas complementen las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex) en algunas actividades y que compitan con la empresa productiva del Estado en otras. 

En el fondo subyace la intención de ofrecer bienes y servicios energéticos de calidad y a precios competitivos. Se trata, por concatenación, de garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas y todos los mexicanos. Cualquier lectura contraria a esta interpretación apela a criterios ideológicos o dogmas indefendibles.  

Los tiempos actuales, desafortunadamente, están cargados de eso: ideología y dogmas. Por eso asistimos a una feroz y constante crítica al modelo energético. Por eso, también, la parálisis actual en el sector energético. 

El gobierno argumenta que la llegada del capital privado a la industria de hidrocarburos, lejos de traer beneficios a la sociedad, ha servido solo para ampliar los ingresos y las utilidades de las empresas privadas. Su crítica está construida a partir de un comparativo entre lo que se dijo que se lograría con el nuevo modelo – una producción de petróleo crudo de 3 millones de barriles diarios en 2018 y de 3.5 millones de barriles diarios en 2025 – y lo que se ha alcanzado hasta el momento. 

Aun cuando en el comparativo se acredita un optimismo desenfrenado con respecto las metas planteadas en 2013, esto no implica que el nuevo modelo energético no funcione. Lo que Pemex y los particulares han realizado durante los últimos años se puede ver y medir en términos de inversiones y de proyectos ejecutados en exploración y producción de hidrocarburos, así como por la magnitud e intensidad de las actividades vinculadas al transporte, almacenamiento, distribución y expendio de petrolíferos. 

Por lo demás, lo más relevante de la crítica del gobierno al modelo energético es que pone al descubierto la lógica binaria con la que se interpreta todo lo que sucede en materia energética. Bajo esta visión dicotómica, lo que se hizo en la industria de hidrocarburos en los últimos años se juzga como “bueno” o “malo” y como “beneficioso” o “dañino”. Esta peligrosa simplificación de la realidad priva al gobierno de un necesario y útil ejercicio de autocrítica e impide aprovechar las oportunidades que el nuevo modelo energética brinda gracias a su concepción legal. 

Desde este pensamiento binario, la industria de hidrocarburos está renunciando a la posibilidad de resolver sus problemas de una manera inteligente y pragmática. La renuncia, ocasionada por la ideología y los dogmas del gobierno, afecta a todos los actores del ecosistema y, principalmente, a las y los mexicanos.  

En este sentido, más allá de estar juzgando al modelo energético desde la lógica binaria, el gobierno debería fomentar el análisis y la autocrítica entre las autoridades energéticas con el ánimo de que utilicen aquellas herramientas disponibles para enfrentar los desafíos de la industria. De lo que se trata es de impregnar un ánimo constructivo que permita elevar la restitución de las reservas de hidrocarburos, que contribuya a sostener la producción de petróleo en un nivel óptimo y que fomente las actividades de los privados en las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio de petrolíferos. 

A final de cuentas, todo se resume en la imperiosa y urgente necesidad de que el gobierno piense más allá de su narrativa y reconozca y respete a los que considera los “otros”. Este, por cierto, fue el mensaje más importante que dejaron las elecciones intermedias del pasado 6 de junio.

Por Arturo Carranza Guereca 

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