Separar el poder político del poder económico. Ese ha sido uno de los principales postulados del actual gobierno, para quien la complicidad entre ambos poderes hizo que el ejercicio de gobierno beneficiara los intereses privados en detrimento de la población. Desde la óptica de la Cuarta Transformación, se trata de erradicar la idea de que el Estado está al servicio de los intereses de las élites económicas y que los ciudadanos estamos atados a los designios de esos pequeños grupos.
En el fondo, el planteamiento es digno de un análisis cuidadoso. En un retador libro titulado “La tiranía del mérito”, Michael J. Sandel aborda el descontento social que se vive actualmente en diferentes partes del mundo. Al respecto, el catedrático de Harvard advierte que los agravios no son sólo económicos sino también morales, y agrega que mucho tienen que ver con la responsabilidad de las élites, quienes consienten la creación de condiciones – como la desigualdad – que ultrajan a muchas personas.
El descontento que producen estos agravios permea en México. Por eso la idea de separar el poder político del económico ha resultado tan rentable para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto que él y su partido político pudieron sacar los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica sin la necesidad de enfrentar una oposición con el talento suficiente para desarticular esta narrativa.
El gobierno asume que los momios juegan a su favor. Al menos momentáneamente. Por eso al día siguiente de que el Senado aprobara los cambios legales en la industria eléctrica, López Obrador volvió a la carga. Desde el escaparate que representa su conferencia mañanera, el presidente anunció que buscará que la participación del sector privado en la industria eléctrica se actualice a la nueva realidad económica y política de México. Lo expresado por el titular del Ejecutivo resulta revelador para anticipar las repercusiones que traerá la tentativa de sacar del ámbito político las legítimas actividades empresariales.
¿Habrá alguien que todavía espere una actitud indulgente del sector privado después de que el mandatario se manifestara, un día después de avalada la reforma, en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentísimo?
La urgencia con la que el gobierno actúa genera resquemores y sugiere que las formas empleadas no son las mejores para el bien del país. Como lo señala el Dr. Carlos Illades de manera espléndida en su libro “Vuelta a la izquierda. La cuarta transformación en México: del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría”, la durabilidad y consistencia de las políticas públicas no dependen de su pronta ejecución. Por el contrario, éstas requieren de un consenso social amplio que les permita funcionar con independencia del gobierno en turno.
Esto, en pocas palabras, significa que el mejor instrumento para separar el poder político del poder económico es el diálogo. Por más complicado que parezca, hoy se requiere de la conciliación y de los acuerdos para avanzar.
Si la política energética no cuenta con suficiente aceptación social y es producto de una imposición, se corre el riesgo de que presenciemos un cortocircuito entre los ánimos presidenciales y las inversiones en el sector energético. En un escenario de falla eléctrica como este, las contradicciones del actual proyecto económico podrían agudizarse, favoreciendo la sustitución de la función económica de las empresas privadas y mermando los contrapesos institucionales.
Sobre este particular, el Dr. Illades enfatiza que el fortalecimiento del poder público no equivale a reforzar el presidencialismo, ni la recuperación de la rectoría estatal al debilitamiento de la sociedad civil. Antes bien, dice el historiador, lo deseable es apuntalar el poder público con la intervención activa, libre e informada de una sociedad democrática, robusta y exigente.
Solo así, con una sociedad participativa, se podrá evitar que las tentaciones hagan que los actuales gobernantes se sirvan de los ánimos sociales para consolidar una nueva hegemonía política.
Por Arturo Carranza Guereca
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