México necesita avanzar hacia una regulación de las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial (IA), pero hacerlo sin instituciones independientes, límites jurídicos definidos y contrapesos efectivos podría abrir la puerta a una mayor intervención del Estado sobre la circulación de la información y la libertad de expresión, advirtió Silikn.
El análisis de la firma de ciberseguridad surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que, una vez concluido el Mundial de Futbol de 2026, su administración impulsará un debate nacional para definir un marco regulatorio sobre redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial.
De acuerdo con la empresa, los desafíos que plantea el ecosistema digital son reales y requieren atención, ya que las grandes plataformas concentran un poder económico y de comunicación sin precedentes, mientras que los algoritmos influyen en el acceso a la información y la inteligencia artificial avanza a un ritmo superior al de la capacidad regulatoria de los Estados.
Asimismo, señala que México ha llegado tarde a una discusión que otras democracias, como las de Europa y Estados Unidos, llevan varios años desarrollando, y sostiene que reconocer la necesidad de una regulación no implica otorgar al gobierno libertad para diseñarla sin salvaguardas institucionales.
Cabe mencionar que para Silikn, la principal preocupación no radica en el diagnóstico presentado por el Ejecutivo, sino en el contexto político e institucional desde el que se plantea la propuesta, ya que hasta ahora no se han presentado principios constitucionales, límites jurídicos ni mecanismos independientes de supervisión que acoten el alcance de una futura legislación.
En ese sentido, advierte que las normas ambiguas pueden ampliar la discrecionalidad de la autoridad, al dejar margen para que el poder político determine el alcance de conceptos relacionados con la moderación de contenidos o el funcionamiento de las plataformas digitales.
La firma también expone que México carece actualmente de una política nacional robusta sobre inteligencia artificial, así como de instituciones especializadas con suficiente autonomía, estándares para auditorías algorítmicas, reglas modernas de transparencia tecnológica y mecanismos eficaces para supervisar el uso gubernamental de estas herramientas.
Incluso, apunta que distintas dependencias públicas ya utilizan sistemas automatizados en procesos administrativos sin que exista una arquitectura normativa integral que permita conocer cómo operan, qué riesgos generan o bajo qué criterios toman decisiones.
Bajo ese escenario, el análisis considera paradójico que el Estado pretenda regular el ecosistema digital sin haber desarrollado previamente un marco suficiente para supervisar el uso de estas tecnologías dentro de la propia administración pública.
Otro de los elementos que identifica es el déficit de confianza institucional, al señalar que una regulación de esta naturaleza requiere autoridades con credibilidad suficiente para garantizar que actuarán con imparcialidad.
Asimismo, apunta que debido a que las redes sociales constituyen actualmente uno de los espacios donde la conversación pública permanece relativamente ajena a los mecanismos tradicionales de comunicación política, cualquier ampliación de las facultades regulatorias del Estado sobre ese ámbito debe analizarse con cautela.
Igualmente, cuestiona que el debate haya sido anunciado desde la conferencia matutina presidencial, al considerar que la elaboración de un marco legal sobre plataformas digitales e inteligencia artificial demanda consultas abiertas, evidencia científica, especialistas independientes e instituciones capaces de generar consensos.
Pese a estas observaciones, Silikn aclara que las plataformas digitales requieren mayores niveles de transparencia, los monopolios tecnológicos pueden ser objeto de regulación, la inteligencia artificial necesita reglas claras y la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una obligación del Estado. Sin embargo, insiste en que esas finalidades no deben traducirse en herramientas que amplíen la capacidad gubernamental para intervenir en la circulación de ideas sin controles efectivos.
Bajo este contexto, la empresa acentuó que el debate central no es si México debe regular la inteligencia artificial y las plataformas digitales, sino quién vigilará al regulador, mediante órganos independientes, garantías para periodistas, académicos, ciudadanos y medios de comunicación, así como mecanismos que impidan que conceptos como “contenido dañino”, “odio” o “desinformación” queden sujetos a interpretaciones discrecionales.
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