La prórroga otorgada al registro obligatorio de líneas celulares en México no corrige las deficiencias de la política pública ni despeja las dudas sobre la protección de los datos personales de los usuarios, afirmó la firma especializada en ciberseguridad SILIKN.

En un artículo, la firma apuntó que a su consideración, el cambio en el calendario de implementación evidencia las dificultades que ha enfrentado el programa desde su inicio.

Esta semana, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones modificó el plazo originalmente previsto para concluir el 30 de junio y estableció un calendario escalonado entre agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico.

Con ello, las líneas terminadas en cero deberán completar el registro antes del 15 de agosto, mientras que aquellas cuyo último dígito sea nueve tendrán como fecha límite el 31 de diciembre. Quienes no realicen el trámite dentro del periodo asignado verán suspendido su servicio en un plazo de 72 horas, aunque conservarán acceso a llamadas de emergencia, a la atención de su operador para concluir el registro y a la recepción de alertas sísmicas.

Para SILIKN, la ampliación de los plazos no modifica el problema de fondo. La empresa sostuvo que la decisión refleja que el esquema encontró obstáculos desde su implementación y recordó que alrededor de 83 millones de las 144.5 millones de líneas móviles activas en el país aún permanecen sin registrar, situación que atribuyó a la desconfianza de una parte importante de la población.

“La prórroga, presentada por las autoridades como una medida de facilidad técnica y administrativa, es en realidad la evidencia más clara de que la política nació mal diseñada, con una arquitectura legal que generó desconfianza desde el primer día”, expuso la firma.

SILIKN señaló que la extensión del calendario tampoco resolvió una de las principales preocupaciones en torno al padrón: el manejo de los datos personales que deberán proporcionar los usuarios.

“El gobierno, en lugar de escucharla, optó por extender el plazo sin responder la pregunta que más importa: ¿quién y bajo qué condiciones protegerá los datos personales que se recaben?“, indicó.

Para sustentar su análisis, la empresa retomó cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, elaborada por el INEGI. Los datos muestran que 81.7% de la población de seis años y más utiliza teléfono celular y que 79.9% de esos usuarios opera bajo la modalidad de prepago.

SILIKN consideró que estas cifras son relevantes porque el registro impactaría principalmente a personas que recargan saldo de manera periódica y que, en muchos casos, pertenecen a sectores de menores ingresos. Recordó que el gasto promedio mensual en prepago fue de 161.8 pesos, frente a 447.5 pesos entre los usuarios de pospago.

La firma también destacó que 97.2% de los usuarios de internet accede a la red mediante un teléfono inteligente, por lo que el celular se ha convertido en la principal herramienta de conectividad para millones de mexicanos.

Desde esa perspectiva, advirtió que la suspensión de líneas por incumplir con el registro podría limitar el acceso a servicios digitales, plataformas de comunicación y trámites gubernamentales, especialmente entre la población más vulnerable.

El análisis también cuestionó la efectividad del padrón para combatir la extorsión telefónica. De acuerdo con SILIKN, los grupos criminales cuentan con mecanismos para evadir este tipo de controles, como el uso de identidades robadas, líneas registradas por terceros o aplicaciones de comunicación por internet.

“El crimen organizado tiene recursos, movilidad y experiencia para eludir cualquier padrón. El ciudadano común, en cambio, no tiene manera de eludir la amenaza de quedarse sin servicio“, señaló.

La empresa añadió que las acciones contra ese delito deberían concentrarse en fortalecer la investigación, reforzar los controles en los centros penitenciarios y desarticular las redes criminales, en lugar de privilegiar la creación de un registro nacional de usuarios.

Finalmente, SILIKN advirtió que la discusión también debe centrarse en las implicaciones para la privacidad y los derechos digitales, al considerar que el esquema podría sentar un precedente al condicionar la continuidad de un servicio de telecomunicaciones a la entrega obligatoria de información personal.

“Un padrón obligatorio de 144 millones de líneas, administrado por instituciones que no han explicado con suficiencia cómo protegerán esos datos ni qué controles existirán sobre su uso, no es una herramienta de seguridad: es, potencialmente, una herramienta de control“, concluyó.

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