La CURP biométrica representa un paso importante en la digitalización de los servicios públicos en México, al integrar datos personales como huellas dactilares, iris y fotografía en un sistema unificado de identidad. Sin embargo, este avance también plantea riesgos relevantes en materia de ciberseguridad, privacidad y exclusión, de acuerdo con SILIKN.
La empresa de ciberseguridad advirtió que, pese al potencial de esta nueva credencial para mejorar la eficiencia y seguridad en los trámites, todavía no existen garantías claras de cómo se protegerán los datos biométricos de millones de ciudadanos. Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado qué medidas tomará para prevenir filtraciones, ciberataques o un uso indebido de la información recabada.
Lo anterior es de gran importancia considerando que existen antecedentes preocupantes en México, como ciberataques a dependencias públicas que han derivado en filtraciones de datos sensibles, fraudes y extorsiones.
Hasta ahora, no se ha detallado qué sistemas de resguardo se usarán ni cómo se evitará que esta información sea mal utilizada.
De acuerdo con SILIKN, hay varios focos de riesgo en torno a la implementación de la CURP biométrica. Uno de los más apremiantes es la protección de datos personales, dado que la información biométrica es altamente sensible y atractiva para el cibercrimen. Casos anteriores, como filtraciones del padrón electoral o bases de datos del INE, han demostrado lo vulnerables que pueden ser los sistemas gubernamentales.
También hay inquietudes sobre el posible uso indebido de la información para vigilancia masiva o fines políticos o comerciales, así como la falta de transparencia en los protocolos de almacenamiento y gestión de los datos biométricos.
La digitalización a través de plataformas como Llave MX implica un riesgo elevado en caso de ciberataques. Además, la infraestructura tecnológica del país no es homogénea: hay módulos con sistemas de ciberseguridad débiles y regiones donde la conectividad es limitada, lo que podría facilitar brechas de seguridad.
SILIKN también advirtió sobre la dependencia tecnológica del sistema, ya que cualquier falla en los equipos o en los servidores podría interrumpir trámites esenciales o poner en riesgo la integridad de los datos.
Otro punto crítico es la inequidad en el acceso. Comunidades rurales o marginadas con conectividad limitada podrían quedar fuera del sistema, mientras que el número reducido de módulos podría saturarse en zonas urbanas.
Asimismo, aunque el trámite es gratuito, los costos indirectos como el traslado o el tiempo invertido podrían representar un obstáculo para personas con bajos ingresos.
Cabe mencionar que las autoridades han señalado que el registro es voluntario, pero su exigencia para realizar trámites clave podría percibirse como una obligación de facto. Además, en comunidades con bajo nivel educativo, el consentimiento informado podría no ser plenamente comprendido, lo que compromete los derechos de los ciudadanos.
La centralización de la información biométrica también ha generado alarma entre defensores de derechos humanos. Existen temores sobre su uso en contextos de protesta social, desapariciones forzadas o vigilancia de opositores, especialmente ante la desconfianza que persiste en instituciones como la Secretaría de Gobernación o el Renapo.
SILIKN hizo hincapié en que ciertos sectores podrían resultar especialmente afectados. Niños y niñas, personas sin documentos previos, así como comunidades indígenas o rurales, enfrentan riesgos de exclusión o de uso no ético de sus datos por falta de información clara o atención lingüística y geográfica.
La falta de campañas informativas claras ha generado desinformación respecto a qué es la CURP biométrica y cómo se relaciona con otras plataformas como Llave MX o el INE. Además, hay dudas sobre si el personal estará capacitado para operar correctamente la tecnología, lo cual podría traducirse en errores operativos. El cronograma oficial, que plantea completar la implementación en febrero de 2026, también es visto como poco realista, ya que cualquier retraso podría afectar trámites esenciales y la percepción pública del proyecto.
El proyecto requiere una alta inversión inicial en infraestructura (módulos, escáneres, servidores) y su mantenimiento demandará recursos continuos. A la fecha, no hay claridad sobre cómo se financiará el sistema ni si existen recursos públicos asignados de forma sostenible.
Frente a todo este escenario, organizaciones de derechos digitales han pedido al gobierno establecer auditorías externas, protocolos claros de protección de datos, una infraestructura segura y campañas de información accesibles.
“Solo garantizando transparencia, seguridad, equidad y una comunicación efectiva con la ciudadanía podrá este ambicioso proyecto cumplir su propósito sin vulnerar los derechos fundamentales de los mexicanos”, concluyó SILIKN.
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