La startup de ciberseguridad SILIKN advirtió que Coatlicue, la supercomputadora pública que el gobierno federal presentó como el proyecto que llevará a México al liderazgo regional en cómputo avanzado, se perfila como un símbolo de la política tecnológica reciente: grande, cara y desconectada de la realidad.

En un artículo, la firma recordó que la máquina —con 15 mil GPU, 314 petaflops de potencia y un costo inicial de 6 mil millones de pesos— llega acompañada de promesas espectaculares: predecir huracanes, mejorar la agricultura, detectar fraudes fiscales y entrenar modelos de inteligencia artificial soberanos.

Según la startup, el despliegue es llamativo, pero también se asemeja inquietantemente a otros proyectos que comenzaron con discursos grandilocuentes, inversiones colosales y resultados reducidos al fracaso.

Abundó que la historia reciente ofrece ejemplos contundentes., pues la Agencia Espacial Mexicana sigue sin poner en órbita un satélite propio, mientras que Dos Bocas opera por debajo de lo prometido y con sobrecostos, y el AIFA permanece lejos de sus proyecciones iniciales.

Así, para SILIKN, el patrón se repite: se levantan megaestructuras sin prever quién podrá operarlas, cómo se sostendrán o para qué servirán realmente.

“Coatlicue, pese a sus petaflops, parece inscribirse en esa misma lógica”, mencionó SILIKN, empresa que destacó que el contraste con la realidad digital del país es evidente, pues tres de cada 10 hogares rurales continúan sin internet fijo; la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tiene fibra óptica; la mitad de la población carece de habilidades digitales básicas; y México enfrenta una escasez crítica de especialistas tecnológicos, mientras los ciberataques aumentan y la infraestructura pública muestra una fragilidad creciente.

Asimismo, la brecha entre estados como Nuevo León y Chiapas es de casi cuatro a uno. En este contexto, una máquina de 314 petaflops corre el riesgo de convertirse en un Ferrari estacionado en un pueblo sin carretera.

Por otro lado, SILIKN mencionó que la viabilidad de Coatlicue dependerá de que existan datos confiables, investigadores capaces de aprovecharla y sistemas de ciberseguridad robustos que eviten que un ataque la deje fuera de operación.

Añadió que aunque el gobierno asegura que revolucionará la predicción meteorológica, la producción agrícola y la recuperación fiscal, estas metas requieren resolver antes déficits estructurales que llevan años acumulándose.

Para que el proyecto no quede atrapado en la retórica, SILIKN apuntó que México necesita acelerar la cobertura nacional de banda ancha, impulsar alfabetización digital real, especialmente en zonas rurales y entre mujeres, modernizar el marco legal en inteligencia artificial y ciberseguridad, y establecer reglas de operación claras, transparentes y supervisadas externamente.

Sin estas bases, “Coatlicue difícilmente pasará de ser otra promesa incumplida“.

Las señales institucionales tampoco generan confianza, dijo la firma. El gobierno presenta la supercomputadora como un logro histórico, pero lo hace en un entorno marcado por recortes, laboratorios desmantelados y fuga de talento. En ese contexto, resulta difícil creer que un sistema que aspira al top 10 mundial pueda operar sin una comunidad científica sólida detrás.

Tampoco existen lineamientos claros para asignar su capacidad de cómputo. En países con tradición científica, estos recursos se distribuyen mediante comités especializados y procesos rigurosos. Coatlicue, en cambio, nació con beneficiarios ya definidos y sin mecanismos públicos de evaluación. Se presenta como infraestructura para la ciencia, pero su diseño responde más a criterios políticos que técnicos.

Las contradicciones operativas se suman al escepticismo. Aunque el gobierno asegura que Coatlicue será clave para entrenar modelos de inteligencia artificial, no anunció un solo proyecto serio en esa materia. Su arquitectura centrada en GPU no coincide con las prioridades comunicadas; el ejemplo más destacado fue la detección de fraude fiscal, una tarea que podría resolverse con tecnologías más simples y de costos mucho menores. El resultado es una máquina de IA sin proyectos de IA, potencia sin propósito.

Más grave aún es la ausencia de diagnósticos públicos que justifiquen su escala. No hay estudios de demanda científica, ni proyecciones de crecimiento, ni planes de formación de talento. La lógica parece ser la misma de otros megaproyectos: anunciar primero, justificar después.

Coatlicue termina así convertida en un símbolo claro de la política tecnológica reciente: colosal en el discurso, costosa en la ejecución y ajena a las necesidades urgentes. México necesitaba una estrategia científica nacional, inversión en universidades y políticas públicas serias. En cambio, recibió una estructura monumental envuelta en discursos de soberanía tecnológica.

Finalmente, SILIKN insistió en que señalar estos riesgos no es ir contra la ciencia, sino defenderla de quienes la utilizan como escenografía. La comunidad científica mexicana merecía planeación, no propaganda; infraestructura funcional, no vitrinas políticas.

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