México enfrenta una grave vulnerabilidad en materia de ciberseguridad: carece de un marco legal robusto, políticas públicas sostenidas y capacidades técnicas suficientes para proteger su ciberespacio y combatir el cibercrimen. Así lo advirtió la firma de ciberseguridad SILIKN, en el contexto de la nueva directiva antiterrorista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Este viernes trascendió que el mandatario estadounidense firmó una orden secreta que autoriza al Pentágono a utilizar fuerza militar contra cárteles latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
La medida permite al ejército de Estados Unidos, incluido el Comando Cibernético (USCYBERCOM), lanzar operaciones ofensivas contra la infraestructura digital de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, ahora equiparados con Al Qaeda.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que “no permitirá ninguna operación militar extranjera dentro de México” y que la instrucción es válida solo para territorio estadounidense. Sin embargo, no estableció límites específicos para el ciberespacio nacional, un vacío que revelaría una falta de preparación y regulación en un ámbito estratégico.
En un artículo, SILIKN advirtió que México estaría enfrentando “un doble desafío: no sólo carece de un marco legal robusto para apoyar o supervisar estas acciones en su territorio y ciberespacio, sino que tampoco cuenta con políticas ni capacidad suficiente para combatir el cibercrimen interno, el cual se ha vuelto una herramienta clave para los cárteles”.
Cabe mencionar que el país no ha desarrollado una política integral que proteja su infraestructura digital, y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017 se ha visto debilitada por cambios de administración, falta de continuidad y presupuestos insuficientes.
Lo anterior ha dejado a dependencias gubernamentales y sistemas críticos vulnerables a ataques como el ransomware, que en fechas recientes ha paralizado instituciones clave.
SILIKN subrayó que la ausencia de un marco normativo actualizado limita la persecución efectiva de delitos cibernéticos y la atribución de ataques, lo que deja a los criminales operando con impunidad.
A ello se suma la dependencia del sector privado para administrar la mayor parte de la infraestructura digital, sin una coordinación eficaz con el gobierno.
Mientras tanto, los cárteles aprovechan estas brechas para usar aplicaciones cifradas, vender drogas y datos robados en la dark web, y lavar dinero mediante criptomonedas, actividades que las autoridades mexicanas no pueden vigilar o frenar adecuadamente.
“La directiva firmada por Trump podría cambiar la forma en que se combate el narcotráfico y el cibercrimen en la región, pero su éxito dependerá de la capacidad de Estados Unidos para manejar complejidades legales y diplomáticas. Para México, la falta de un marco legal, políticas sólidas y recursos especializados representa un riesgo grave para la seguridad nacional.
“En un escenario donde los cárteles se adaptan rápidamente al entorno digital, el gobierno mexicano debe actuar con urgencia para desarrollar capacidades de ciberseguridad y fortalecer la cooperación internacional, si quiere proteger a su población y asegurar su soberanía en el ciberespacio”, concluye el artículo de SILIKN.
er
