El cibercrimen con fines económicos debe abordarse como un delito financiero y no únicamente como una amenaza tecnológica, debido a que puede involucrar fraude, lavado de dinero y redes del crimen organizado, advirtió Adrián Sánchez, experto en cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions.
En un artículo, Sánchez explicó que algunas operaciones cibernéticas tienen objetivos estratégicos, políticos o disruptivos, como el espionaje y los ataques contra infraestructura crítica, mientras otras buscan obtener ganancias mediante ransomware, compromiso de correos electrónicos empresariales, robo de identidad, estafas de inversión y fraude en pagos.
De acuerdo con el especialista, estas últimas actividades requieren una mayor atención de las instituciones financieras, pues una interacción iniciada en medios digitales puede terminar convertida en un problema de fraude, lavado de dinero o delincuencia organizada.
Al referirse a América Latina, Sánchez señaló que esta relación entre el cibercrimen y los delitos financieros es cada vez más evidente, particularmente en México, donde las instituciones enfrentan una presión creciente para reforzar sus controles frente al fraude digital, el robo de identidad, la toma de cuentas y las estafas en línea.
En ese contexto, el experto consideró necesario conectar la prevención del fraude con el cumplimiento antilavado y la inteligencia de riesgos, especialmente ante la expansión de la banca digital y de los pagos en tiempo real.
Sobre la dimensión de la amenaza, Sánchez indicó que se proyecta que los costos globales del cibercrimen alcancen los 15.63 billones de dólares anuales para 2029, además de que una proporción creciente de los ingresos criminales se mueve a través del sistema financiero.
Según su análisis, este flujo de recursos expone a bancos, proveedores de pagos, fintechs y otras organizaciones reguladas a riesgos relacionados con el fraude, el lavado de dinero y las operaciones de redes criminales.
Sánchez sostuvo que los fraudes digitales rara vez son cometidos de manera aislada, pues muchos son organizados por estructuras especializadas en reclutar integrantes, seleccionar víctimas, recibir los pagos y utilizar mulas de dinero para lavar las ganancias.
El especialista señaló que estas redes pueden operar mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de citas, una estructura que lo llevó a plantear dónde termina el fraude y dónde comienza el delito financiero.
Para explicar esa relación, Sánchez retomó la Evaluación Nacional de Riesgo de Blanqueo de Dinero de Estados Unidos 2026, según la cual el fraude continúa como una de las amenazas más importantes relacionadas con el lavado de capitales y genera cientos de miles de millones de dólares en ingresos ilícitos cada año.
El experto también atribuyó parte de la creciente escala de estas actividades a la aparición de la inteligencia artificial generativa, cuyas herramientas permiten a los delincuentes crear mensajes convincentes en varios idiomas, ampliar campañas de phishing y fraude, así como automatizar tareas que antes eran manuales.
Aunque esta tecnología eleva el volumen de los ataques y dificulta su identificación, Sánchez observó que el crecimiento de las redes de fraude también deja conexiones entre identidades, dispositivos, cuentas y transacciones que pueden ayudar a descubrir patrones delictivos.
Para aprovechar esas señales, el especialista consideró necesario ampliar el intercambio de información entre organizaciones, debido a que ninguna institución cuenta por sí sola con visibilidad suficiente para identificar todas las amenazas vinculadas con una red criminal compleja.
Sánchez explicó que las redes compartidas de inteligencia, los esquemas de colaboración entre instituciones y la cooperación entre sectores pueden revelar conexiones que no serían visibles al revisar únicamente la base de clientes y las operaciones de una empresa.
En materia de sanciones, el experto destacó las acciones recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra operadores de ransomware y redes de fraude como una muestra de que estas medidas se utilizan cada vez más para interrumpir las operaciones delictivas.
Sánchez agregó que las autoridades también han ampliado las sanciones contra organizaciones cibercriminales, proveedores de servicios ilícitos y otros facilitadores para restringir su acceso al sistema financiero y limitar su capacidad de beneficiarse de las ganancias ilegales.
Para el especialista, el mayor uso de sanciones confirma que el cibercrimen dejó de ser un asunto limitado a los equipos tecnológicos y se convirtió en una preocupación central para las áreas encargadas de prevenir delitos financieros.
Frente a este escenario, Sánchez recomendó eliminar las barreras internas entre los equipos de fraude, lavado de dinero y sanciones, además de fortalecer la coordinación con otras instituciones para prevenir estafas, frenar el blanqueo de las ganancias y congelar activos.
Como parte de esa visión integral, el experto propuso incorporar el fraude digital en las evaluaciones generales de riesgo, relacionar la actividad en línea con las identidades y el comportamiento financiero de los clientes, además de participar en mecanismos confiables de intercambio de información.
Finalmente, Sánchez advirtió que el cibercrimen afecta la confianza en los servicios digitales y en la economía, por lo que consideró fundamental la colaboración entre las áreas de fraude, delitos financieros y sanciones para desarticular las redes criminales que se encuentran detrás de estas operaciones.
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