El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad.   La iniciativa, publicada en la edición del 19 de agosto de la Gaceta Parlamentaria de la capital, fue armada por el diputado morenista Miguel Ángel Macedo Escartín y sugiere añadir al artículo 47 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.   El texto sugiere cambios legales que prohíban “[la] venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético, así como de bebidas azucaradas” a menores de edad. Esto aplicaría tanto en negocios como en escuelas y a máquinas expendedoras de estos productos. Quien incumpla esta ley incurriría en un delito contra la salud.  Los únicos que quedarían exentos son los padres y tutores legales de los menores.   La posibilidad de una iniciativa de ley como esta se veía venir desde hace semanas para la capital. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que su administración evaluaría la posibilidad de prohibir la venta de comida chatarra a menores. 
“Es una medida que vamos a revisar nosotros. Yo creo que es clarísimo que la comida chatarra, que las grasas saturadas y sobre todo la cantidad de azúcares que se utilizan en la dieta, y el cambio de dieta que se ha generado de los últimos años a la fecha […] Vamos a evaluar si esta es la mejor manera en la ciudad”, comentó la mandataria durante su conferencia de prensa del 7 de agosto. 
La iniciativa presentada por Macedo Escartín sigue muy de cerca el dictamen aprobado el 5 de agosto por el Congreso de Oaxaca. Cuando los legisladores oaxaqueños dieron luz verde a la nueva ley, gobiernos de otros estados decidieron por lo menos discutir la posibilidad de hacer lo mismo.  En Tabasco ya se aprobó un dictamen similar. A los congresos de Colima y Chihuahua ya llegaron iniciativas, mientras que en los de Nuevo León y Coahuila hay diputados que informaron su plan de enviar las propias.  La mala alimentación y sus efectos sobre la salud de la población se ha vuelto un tema candente en la administración tanto federal como en sus contrapartes estatales.   Dos de cada tres personas que han muerto por COVID-19 en México padecían de diabetes, obesidad, hipertensión u otras enfermedades crónicas no transmisibles, una epidemia que el país ha sufrido por décadas y que añadió a su letalidad con la llegada de la pandemia.  Prohibir la venta de alimentos chatarra a menores se sumará a otras medidas que están tomando las autoridades para reducir el impacto de la mala alimentación sobre la salud del país. El 1 de octubre entrará en efecto el nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas. Los productos que así lo ameriten portarán octágonos negros que advierten al consumidor sobre altos contenidos de azúcar, grasas, sodio y otros componentes potencialmente dañinos.  La medida fue calificada inicialmente por la iniciativa privada como un paso radical y probablemente inefectivo a la larga. Sin embargo, las autoridades federales no han querido ceder. El nuevo etiquetado entrará en efecto en la fecha pactada, aunque las empresas contarán con dos meses como período de gracia. La pregunta es si el tiempo será suficiente para que se adapten.   Te puede interesar: Nuevo etiquetado frontal siente presiones desde EU, Canadá y Europa cach