Han pasado 31 meses desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. Una de sus prioridades de gobierno ha sido la política energética. Como parte del rescate del sector energético, plasmado como uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Ejecutivo intenta llevar a la práctica el fortalecimiento de las empresas públicas de energía: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Conforme han ido transcurriendo los meses, el presidente ha ajustado su discurso para justificar el tiempo y el capital político invertido en el fortalecimiento de las empresas públicas de energía. A partir de dicho ajuste, el Ejecutivo ha sacado como conclusión que la fuerte presencia de las dos empresas públicas en todos los segmentos de las cadenas de valor de las industrias de los hidrocarburos y eléctrica le permite a su gobierno cumplir con la promesa de no incrementar los precios de los energéticos más allá del aumento anual de la inflación. Aun cuando ello signifique limitar la participación de otros actores, principalmente privados.
Más allá de que la premisa y la conclusión se antojan falsas, lo verdaderamente preocupante en estos días es el antagonismo que existe entre el planteamiento del gobierno y el modelo energético que se construyó con la reforma de 2013. Mientras uno se basa en el fortalecimiento del Estado como condición necesaria para producir y distribuir energéticos de manera justa y equitativa, el segundo se fundamenta en la competencia entre empresas como principio elemental para producir y vender energéticos de calidad y a precios competitivos.
La confrontación entre estas dos visiones es la razón que mantiene paralizada al sector desde finales de 2018. La obstinación del gobierno con respecto a que las empresas públicas de energía recuperen la participación que han perdido en los mercados energéticos representa hoy en día la mayor obstrucción en los mercados energéticos del país. Aunque esta obstinación se manifiesta en diferentes formas, encuentra su más clara expresión en los cambios al andamiaje legal del sector – penosamente diseñados e implementados – y en el innecesario maltrato a las empresas privadas, quienes constantemente son objeto de críticas en las conferencias de prensa del presidente.
El papel que han jugado los particulares poco ha servido para destrabar la parálisis. Ante el aguerrido embate que pretende revertir la apertura de los mercados energéticos, las empresas privadas no han encontrado los argumentos para explicarnos a las y los consumidores cómo es que la actual política energética nos afecta. Ni qué decir de los partidos de oposición: cuando uno escucha sus argumentos, queda la sensación de que están defendiendo intereses propios y no las oportunidades que el nuevo modelo energético brinda a las y los mexicanos.
Por lo demás, no cabe duda de que la parálisis es responsabilidad del gobierno. Lo es porque el fortalecimiento de las empresas públicas de energía rompe con una dinámica que favoreció la llegada de inversiones en los mercados energéticos de México y que ofrecía al país herramientas para posicionarse de cara a la crisis climática. Esto último resulta de la mayor relevancia tomando en cuenta que el cambio climático es actualmente a nivel mundial uno de los principales elementos en el proceso de toma de decisiones de las empresas de energía.
Ante el inmovilismo que aqueja al sector energético, es responsabilidad del gobierno proponer alternativas para superarlo. En este sentido, cualquier decisión que tome el presidente debería partir del reconocimiento de que las empresas públicas de energía no podrán ganar participación en los mercados energéticos, al menos no a la larga, a partir de cambios legales. Su fortalecimiento se dará solo si su manejo interno las lleva a producir y ofrecer energéticos de mejor calidad y a precios más competitivos.
Para destrabar al sector también es necesario concederles a las empresas privadas un papel relevante en el ajedrez energético. No por concesión o cálculo político sino como una decisión pragmática encaminada a mejorar la seguridad energética de México, tan alicaída en estos días. Esta necesidad de garantizar el suministro de energéticos en el país es el argumento adecuado para justificar el cambio de enfoque en la política energética del país. Frente al deterioro de las empresas públicas de energía, la participación del capital privado resulta importante. Con el beneficio indirecto de que entre más participen, más derrama económica generarán.
A mitad del camino y de cara a los resultados electorales de este 6 de junio, el gobierno debe entender el momento actual como una oportunidad para actuar en consecuencia. Los tres años de gobierno que faltan son el mejor pretexto para rectificar el rumbo de un sector que, en los últimos 31 meses, ha permanecido tristemente paralizado.
Por Arturo Carranza Guereca
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