La región de Norteamérica tiene grandes necesidades en materia de energía. Para resolverlas, México, Estados Unidos y Canadá han sabido aprovechar las complementariedades de sus mercados energéticos. De esta forma, si una de estas naciones tiene una insuficiencia que no puede resolver por cuenta propia, los otros dos países contribuyen a solucionarla. En los últimos 20 años, por ejemplo, Estados Unidos importó en promedio 8 millones 793 mil barriles diarios de petróleo crudo para satisfacer sus necesidades energéticas. De este enorme volumen, Canadá cubrió el 26.1% y México el 12.6%. Esto significa que, durante el periodo 2000-2019, Canadá fue el principal exportador de petróleo crudo a la Unión Americana y México el tercero, sólo por debajo de Arabia Saudita, que cubrió el 14.3% de las importaciones estadounidenses durante estos años (U.S. Energy Information Administration). No está de más recordar que las complementariedades de la región han cambiado en la medida en que los mercados energéticos de los tres países se han transformado. Lo que en algún momento pudieron haber sido intercambios que iban del sur al norte – pienso en el comercio de gas natural entre México y Estados Unidos – hoy son flujos que tienen un sentido inverso. El vigoroso tráfico de bienes y servicios energéticos, en todo caso, se da a partir de una realidad marcada no solo por necesidades mutuas sino también por beneficios compartidos. A lo largo del tiempo se han realizado esfuerzos, conjuntos o individuales, para construir condiciones que permitan incrementar los beneficios que surgen de la complementariedad. Como parte de los esfuerzos conjuntos está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que prohibió la imposición de restricciones a las importaciones o exportaciones de bienes energéticos entre las tres naciones. Otro ejemplo de estos esfuerzos se ubica en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este nuevo tratado, firmado a finales de 2018, abarca aspectos importantes como el acceso a los mercados energéticos y los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos. Por otro lado, entre los esfuerzos individuales se encuentra la reforma energética de México. Este proceso de apertura y modernización del sector, pese al poco tiempo que tiene funcionando, facilitó la llegada de inversiones privadas en las industrias de los hidrocarburos y eléctrica. En función de ello, compañías extranjeras destinaron importantes flujos de inversiones en territorio nacional, lo que favoreció a México y ayudó a una mayor competitividad de la región. De eso se trata la integración. En los últimos dos años, lamentablemente, los esfuerzos para incrementar los beneficios propios de esta complementariedad energética se han visto afectados por el trato preferencial que las autoridades mexicanas han otorgado a las empresas públicas de energía. Los obstáculos para otorgar permisos de almacenamiento de combustibles a empresas privadas y la emisión de una nueva política para operar el Sistema Eléctrico Nacional son apenas dos ejemplos de una cadena de decisiones que se contraponen a lo que México, Estados Unidos y Canadá venían realizando para satisfacer las necesidades energéticas en Norteamérica. Las pinceladas públicas que han aparecido en los últimos meses con respecto a la posibilidad de que se reforme el marco jurídico del sector energético nacional para facilitar el fortalecimiento de las empresas públicas de energía, son un elemento más que socava los esfuerzos para fortalecer a la región en materia de energía. No obstante, a pesar del trato preferencial a las empresas públicas de energía y de las pretensiones para modificar el andamiaje legal del sector energético, las necesidades y complementariedades energéticas en Norteamérica seguirán existiendo, lo que significa que los flujos comerciales y de inversión entre las tres naciones seguirán siendo necesarios. Por ello, creo que más allá de los ánimos que existen para cambiar la realidad energética de la región, la profunda integración de los mercados energéticos de México, Estados Unidos y Canadá perdurará. No hay manera de cambiar esa realidad. Ante este hecho, la razón práctica que motiva la política energética en México debería de partir del reconocimiento de que las complementariedades no son un riesgo para Pemex y CFE y sí una oportunidad para aumentar los flujos comerciales y de inversión en los mercados energéticos. Esta lógica permitiría atender uno de los mayores retos del gobierno mexicano: la falta de certidumbre para las inversiones privadas. Arturo Carranza Guereca  Sígueme en Twitter:  @Art_Carranza