La banca tendrá el ojo bien puesto sobre el debate en torno a la ley eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En contraste con otros representantes del sector privado, la Asociación del Banco de México (ABM) tomó una postura más bien centrista respecto a la aprobación de la controversial reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente López Obrador.
Durante la conferencia inaugural de la 84° Convención Bancaria, la ABM apuntó que estará atenta a los debates en torno a la ley eléctrica, al igual que a sus efectos sobre el sector.
“Estamos en el sector revisando de manera muy detenida la ley y las implicaciones”, comentó Raúl Martínez-Ostos Jaye, vicepresidente de la ABM y presidente del Consejo de Administración de Barclays México.
Martínez-Ostos señaló que, a ojos de la banca, “sin duda hay un esfuerzo” por parte del Ejecutivo y del Legislativo para equiparar el terreno en el sector eléctrico. Sin embargo, añadió, “lo peor que puede pasar a la inversión es la incertidumbre”.
Ante esta incertidumbre, la ABM buscará fungir como intermediario entre el sector público y el privado.
“Compartimos la preocupación de que, ante la duda, la inversión se mantiene cautelosa […] Lo que necesitamos es que haya claridad; evitar litigios, amparos en esta materia y tratar de acercar a la iniciativa privada con el sector público. Entender bien la ley y ver qué se puede hacer”, apuntó el vicepresidente de la ABM.
Desde que fue enviada desde la oficina de Presidencia al Congreso el 1 de febrero, la ley eléctrica de AMLO encendió focos rojos entre analistas y representantes tanto del sector energético en el país como de la iniciativa privada tanto nacional como extranjera.
Los cambios a la ley darán prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía a la red eléctrica nacional, relegando a las plantas renovables (eólicas y solares) al final de la fila. La mayoría de estas se encuentran en manos de privados.
El gobierno federal alega que los cambios legales emparejarán el terreno para la CFE y ayudarán a “rescatarla”. Sin embargo, varios órganos y agentes de la iniciativa privada temen que la reforma afecte la competitividad en el mercado eléctrico, den una ventaja injusta a la empresa estatal e incluso que choque con los compromisos adquiridos por México en tratados internacionales.
Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, apuntó que “esos temas son los que han generado desconfianza”.
La reforma eléctrica fue publicada hace un par de días en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se tendrá un período de 180 días para aterrizar sus cambios y concretar su implementación.
Aunque ya es ley, a la reforma eléctrica le esperan más obstáculos. Legisladores de oposición (PAN, PRI y PRD) anunciaron sus intenciones de impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No sería sorpresa que otros órganos (privados y públicos) se lancen también a los tribunales para declararla inconstitucional, frenándola de lleno.
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