Este lunes el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confirmó que los 13 participantes por 32 canales de televisión radiodifundida digital de la licitación No. IFT-6,  pagaron en tiempo sus contraprestaciones correspondientes, incluida la de Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre, compañía que abandonó hace dos años la carrera por un canal de televisión abierta. El órgano regulador precisó en un comunicado que “el monto total de las contraprestaciones que los participantes ganadores enteraron a la Tesorería de la Federación es de $1,614,030,500.00 (Mil seiscientos catorce millones treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N.)”. Asimismo recordó que de los 13 participantes ganadores cuatro fueron considerados, en su dimensión de Grupos de Interés Económico, como nuevos participantes en el sector de la radiodifusión en México. De conformidad con las bases de licitación, entre el 18 y el 20 de diciembre de este año se tiene previsto entregar los correspondientes títulos de concesión de espectro radioeléctrico para uso comercial con una vigencia de 20 años, y en su caso, de concesión única con una vigencia de 30 años.
“Estas acciones permitirán la instalación y operación de 32 nuevas estaciones de televisión digital para 29 zonas de cobertura distintas, localizadas en 17 entidades federativas, con lo que se cubriría potencialmente a una población de 50.44 millones de habitantes, quienes dispondrán de nuevas alternativas de contenidos nacionales, regionales y locales”, agregó el IFT.

Dos años después, Aguirre consiguió su canal

En abril de 2015 Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre decidió no pagar los 3,052 millones de pesos que ofertó por la cuarta cadena de televisión digital abierta que finalmente se quedaría Grupo Imagen Multimedia. Dar marcha atrás le costó a la compañía los 415 mdp que había dejado en garantía ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En aquel 2015 el órgano regulador informó que, de acuerdo con las bases de licitación, quedaría sin efecto el fallo y por tanto se declararía desierta.
“La decisión de no efectuar el pago respecto de las ofertas presentadas por los postores en el proceso, corresponden exclusivamente a estos, en tanto que al instituto le corresponde aplicar las consecuencias jurídicas previstas en la base de licitación publicadas el 7 de marzo de 2014”, dijo en aquel entonces el Instituto.