La Fiscalía General de México (FGR) propondrá ante un juez de control el procesamiento del excandidato presidencial Ricardo Anaya por supuestamente haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos de la trama Odebrecht, acusación que el político ya negó.
En un comunicado, la Fiscalía dijo que “según consta en diligencias ministeriales” ese soborno fue entregado a Anaya “por una persona de confianza” del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, “en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014”.
Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya, entonces legislador del Partido Acción Nacional (PAN), para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia” de que Ricardo Anaya “votó a favor de la misma”, añadió la Fiscalía.
Además, dijo que dos testigos “manifestaron haber presenciado diversas visitas” de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.
Según la Fiscalía, la reforma energética sirvió para privatizar “la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil”.
“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras”, expresó el Ministerio Público.
Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos “incompetentes” ya que su voto a favor de la reforma “fue ocho meses antes de la supuesta entrega” denunciada por Lozoya.
El excandidato presidencial del PAN en 2018 fue citado a declarar este jueves, pero indicó que no acudiría porque se considera víctima de una “persecución política” del actual Gobierno.
El político, que días atrás anunció su exilio, presuntamente a Estados Unidos, denuncia que el mandatario lo quiere meter 30 años a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024. Inmediatamente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó la “persecución” y pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.
La trama de corrupción de Odebrecht, que ha afectado a varios países latinoamericanos, estalló en México tras el arresto en España de Lozoya y su extradición el año pasado a territorio mexicano.
Lozoya, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos, cerró un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.
Acusó al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray de haber orquestado la trama.
Según Lozoya, el dinero de esos sobornos fue utilizado para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética.
Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.
er
