La empresa de taxis Sitio 300 y otros permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron actos de corrupción y amenazas por parte de autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) que coordinan ahora esta terminal aérea.

En un posicionamiento, la empresa dijo que son varias empresas las afectadas por acciones que “ya no se pueden soportar”.

La denuncia

Sitio 300 explicó que por cada viaje que realizan los permisionarios, se les descuenta la parte de la contraprestación que le debe llegar al aeropuerto.

Lo anterior no se hizo de forma correcta por parte de diversas empresas durante varios años, “como resultado de actos de corrupción y acuerdos económicos con autoridades del propio aeropuerto”, pero en 2018 la Comisión Federal de Competencia (Cofece) determinó que todos los permisionarios de taxis deben pagar de forma directa dicha contraprestación al aeropuerto, con el fin de acabar con empresas monopólicas.

Lo que no sucedió en la realidad. Diversas empresas se coludieron con la administración del aeropuerto para no pagar esos recursos, y se da inicio a una ´’cacería de brujas’ al finalizar la pandemia, en contra de los permisionarios que sí pagaban sus contraprestaciones de forma directa como lo instruyó el regulador”, acusaron.

Según Sitio 300 y otras empresas afectadas, las autoridades de la Marina que hoy administran el aeropuerto de la capital se coludieron también con las empresas grandes para que no paguen sus compromisos económicos y buscan dañar a través de “irregulares actos administrativos”, amenazas y presiones, a quienes sí cumplen y a las cuales perciben como empresas “peligrosas”.

Estos actos de corrupción, acusan, son encabezados por José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos y por Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y de Supervisión de Trasportación Terrestre del AICM, quienes “piden dinero para la asignación de cajas para la venta de boletos, buscan la eliminación de permisos a empresas como Sitio 300, a la que le quieren hacer que reconozca una deuda y se sume a una empresa afín a ellos, a cambio de poder seguir operando”.

Asimismo, las empresas denunciaron una campaña para afectar la imagen pública de las empresas que desean eliminar, incluso mediante actos de presión ejercida con información falsa canalizada a medios comunicación.

Por estos hechos, las empresas afectadas solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que “constaten que nos quieren obligar a reconocer un adeudo que no tenemos y adherirnos a una empresa que es de ellos, dicho esto por el propio director de SPASA”.

En ese sentido, pidieron que haya una Comisión Investigadora que estudie a detalle lo que sucede en el aeropuerto capitalino y “dé a conocer la verdad”.

er