El gobierno federal sugirió que los datos biométricos recabados en el padrón de celulares estén a cargo de dos organismos autónomos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, hizo la sugerencia a través de una tarjeta informativa distribuida por la dependencia federal.
Los archivos de los datos biométricos serían resguardados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mientras que de su protección se encargará el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) se decretó el pasado 16 de abril. Éste será una base de datos nacional que contará con información sobre todas las líneas de teléfono celular abiertas en el país. Por cada línea telefónica, incluirá datos como nombre y domicilio del usuario, su CURP, el número de teléfono móvil y datos biométricos a definir.
Al padrón de celulares le han llovido críticas lanzadas por expertos en ciberseguridad y protección de datos personales. Estos consideran que el Panaut es una herramienta invasiva y que no será tan efectivo como el gobierno cree en el combate al crimen, razón para la que fue creado, según la misma legislación.
El Panaut ya enfrenta más de 50 amparos en su contra, y se espera que lleguen más. Por si fuera poco, el INAI votó esta semana a favor de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el padrón.
La decisión del INAI fue vista con malos ojos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), alegando que se trata de una decisión para proteger a las grandes empresas telefónicas del país, como Telcel. El titular de la SSPC hizo un comentario similar en la tarjeta distribuida hoy.
“La resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes”, declaró Mejía Berdeja.
Aunque ya se decretó la creación del Panaut, faltan detalles por afinar. El IFT tendrá 180 días naturales a partir de la publicación de la nueva ley para “emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto”.
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(Con información de El Economista y La Jornada)
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