Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León y excandidato presidencial, fue vinculado a proceso por delitos electorales y también recibió prisión preventiva justificada, por lo que tendrá que promover su defensa desde el penal número 2 de Apodaca, esto a reserva de que su proceso se traslade a juzgados federales, debido a que los delitos electorales son federales.
El político neolonés compareció ayer en la audiencia de imputación, tras haber sido detenido el martes por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, acusado originalmente por desviar recursos públicos –económicos y humanos— para promover su candidatura presidencial en los comicios federales de 2018.
Sin embargo, en la audiencia de este miércoles, la acusación contra Rodríguez Calderón se tipificó como uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018.
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Segú la Fiscalía, el exmandatario estatal –quien se convirtió en el primer gobernador del país que llegó al poder como candidato independiente— se aprovechó de su autoridad para hacer que personal del gobierno reuniera las firmas de ciudadanos que necesitaba como requisito legal para registrar su candidatura presidencial con carácter de independiente. A este hecho se le ha denominado la trama de “las broncofirmas”.
Avanzada la noche del miércoles, el juez de control Carlos Alberto Salas González determinó que las acusaciones contra El Bronco ameritan vinculación a proceso y que además el inculpado deberá permanecer en prisión preventiva justificada.
No obstante, el mismo juez reconoció al final de la audiencia que solicitará la atracción del caso contra Rodríguez Calderón al Poder Judicial federal, ya que los delitos electorales son de jurisdicción federal y que incluso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León no es competente para hacer las imputaciones.
El juzgador aclaró, que si ordenó la prisión preventiva, se debió a razones de urgencia.
La situación jurídica del “Bronco” se complica, ya que este no es el único proceso judicial que enfrentará el exmandatario neolonés.
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La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León presentó una denuncia por abuso de autoridad, porque en su administración (2015-2021), Rodríguez Calderón ordenó la requisa de la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, que opera el sistema de autobuses rápidos Ecovía, que le permitió al gobierno estatal tomar el control de ese medio de transporte.
En entrevista con Radio Fórmula, Víctor Olea, abogado del acusado, expuso este jueves que el juez de control ordenó la prisión preventiva justificada con el argumento de que Rodríguez Calderón tiene seis domicilios en diferentes lugares y que eso significaba un riesgo de evasión de la justicia.
No obstante, el abogado consideró como una buena señal que el mismo juez haya reconocido que los delitos electorales son de competencia federal, por lo que un eventual traslado del proceso a un juzgado federal abre la oportunidad para que su cliente sea juzgado con base en criterios estrictamente jurídicos, lejos de las implicaciones políticas.
GC
