La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Rosario Robles Berlanga —exsecretaria de Desarrollo Social— todavía no han logrado alcanzar un acuerdo sobre qué rumbo tomará la causa judicial contra la exfuncionaria, acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Fuentes judiciales consultadas detallaron que la negociación para negociar la acusación contra la exsecretaria se rompió, porque el Ministerio Público considera que la acusada “no quiere reparar el daño” de su actuación.
Rosario Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos (mdp), a través de universidades públicas y empresas fantasma en una trama conocida como “la Estafa Maestra”.
La última audiencia, celebrada el pasado 10 de febrero, fue pospuesta para dar tiempo a una negociación entre la FGR y Rosario Robles, quien ha denunciado como participante en la trama al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, para conseguir beneficios procesales a cambio.
Sin embargo, en la audiencia retomada este viernes, tanto la FGR como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que “no hay condiciones” para solicitar un “procedimiento abreviado”, el cual permite cerrar el proceso de Robles Berlanga sin llegar a juicio, a cambio de que la acusada se asuma culpable.
La Fiscalía sostuvo que “la propuesta de la defensa no procedía, porque se niega a reparar el daño”, mientras que los abogados de Robles Berlanga esgrimieron que “la reparación del daño no procede por el delito que se acusa”.
Ambas partes acordaron convocar a una nueva audiencia para el 26 de marzo.
La que fue secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) en el gobierno de Enrique Peña Nieto está acusada de uso indebido del servicio público, por el desvío de “la Estafa Maestra”.
La defensa de Robles anunció el pasado mes de noviembre que colaboraría con la Fiscalía, al denunciar en la trama a Luis Videgaray, a cambio de beneficios procesales, aunque descartaron incluir en la acusación al expresidente Peña Nieto.
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La colaboración entre la Fiscalía y acusados de corrupción cobró relevancia en México con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, imputado por recibir sobornos de Odebrecht, quien cerró un acuerdo con el Ministerio Público para denunciar como responsables de los sobornos a Peña Nieto y a Videgaray.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado que Rosario Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad.
GC
