En un choque de poderes, como no se había visto antes en el pasado reciente, la Presidencia de la República exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga “de forma prioritaria” los juicios de amparo, promovidos por personal del Poder Judicial federal, en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial y que fue ordenada por el Congreso de la Unión.

Lo anterior, con el propósito de hacer efectivo el compromiso de ocupar los recursos depositados en esos fideicomisos, para la atención de la emergencia que vive el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis.

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“La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal está solicitando a la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, que se ejerza la facultad de atracción del Alto Tribunal y resuelva, de forma prioritaria, los juicios de amparo promovidos por integrantes del Poder Judicial”, refirió un comunicado difundido por los abogados del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un tono molesto, el comunicado lamentó que el Juzgado 12 de Distrito, radicado en Chihuahua, haya otorgado una suspensión definitiva contra el decreto, que se publicó el pasado 27 de octubre, como medida cautelar, en lo que resuelve el juicio de amparo que promovieron integrantes del Poder Judicial contra la extinción de los 13 fideicomisos.

La Consejería Jurídica de Presidencia de la República consideró que el Juzgado 12 se excedió al conceder la suspensión definitiva, con efectos generales, lo que involucra a todos los jueces y magistrados, incluidos aquellos que no han promovido acciones legales sobre el asunto.

Además, la suspensión definitiva “impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que ordenó la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre”, refirió el comunicado.

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Asimismo, la Consejería Jurídica expresó su rechazo a la resolución del Juzgado 9 de Distrito en Materia Administrativa, radicado en la Ciudad de México, que concedió una suspensión provisional con efectos generales, lo que implica igualmente una extralimitación ilegal.

“La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos y no en favor de terceros ajenos al juicio”, consideraron los abogados de López Obrador.

Detrás de estas resoluciones se esconde un conflicto de interés del Poder Judicial, que vía sus jueces que reciben los recursos de amparo, se defiende de la decisión del Congreso de la Unión para extinguir los fideicomisos por una causa concreta, no obstante que la misma Norma Piña aceptó esta semana que los fideicomisos podían utilizarse para la atención de la emergencia en Guerrero.

“Un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal; por ende, el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del Estado de derecho”, refirió el comunicado.

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Los abogados del presidente López Obrador reiteraron las críticas del mandatario en el sentido de que los 13 fideicomisos contienen recursos públicos, destinados para el pago de prestaciones laborales que un trabajador común del país no tiene.

En este sentido, Presidencia de la República, vía su Consejería Jurídica, exigió al Máximo Tribunal del país que se defina sobre el destino de los 13 fideicomisos y que atraiga los juicios de amparo que se han abierto al respecto, para resolver a la brevedad posible los obstáculos jurídicos que impiden la utilización de los recursos contenidos en esos fideicomisos en apoyo de los damnificados de Guerrero.

GC