La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que los empresarios estadounidenses están en su derecho de manifestar sus inconformidades; sin embargo, aclaró que su petición al gobierno de Estados Unidos, para que solicite un panel de controversia —en el marco del T-MEC— a fin de que México cambie el rumbo de su política energética, “no tiene sustento legal”.
“No afectan en nada el tratado comercial, nada, nada.
“Recuerden que, en el tratado de libre comercio, en el T-MEC, el petróleo se excluyó completamente de esto. Además, el tema de la inversión privada, en un sector continuo, puede haber inconformidad, pero legalmente no tiene sustento”, mencionó la mandataria.
Durante su conferencia matutina, recordó que quienes participan en la estrategia para promover la estabilización del precio de la gasolina lo hacen de forma voluntaria.
“Nosotros no estamos obligando a nadie.
“Si el empresario quiere firmar, firma. Si no quieren firmar, no firman… La gente va a decidir el lugar donde quiere comprar (su gasolina)”, concluyó Sheinbaum, quien mencionó que el martes hablará más sobre el tema.
Lo anterior fue expuesto luego de que el Instituto Americano del Petróleo (API) le solicitó al representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, intervenir ante el gobierno mexicano por las políticas energéticas del país, específicamente por el tope al precio de la gasolina, recién pactado.
Igualmente, se quejaron de las reformas mexicanas que buscan fortalecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no cambiará el rumbo de la política y las prácticas energéticas de México sin una presión continua, directa y contundente del Gobierno estadounidense”, mencionó el API en una carta a Greer.
En la misiva, la institución acusa que ha habido obstrucción por parte de autoridades mexicanas, sobre todo en la emisión de permisos para actividades en el sector energético. También han sido obstaculizados para invertir en proyectos como terminales de almacenamiento y la apertura de estaciones de servicio.
Según la API, estas acciones perjudican a las empresas estadounidenses y puede restringir el suministro de energía necesario para fabricantes y consumidores norteamericanos.
“El API insta al Representante Comercial de los Estados Unidos a utilizar los mecanismos existentes en el T-MEC para impulsar un panel de resolución de controversias con el Gobierno mexicano con relación a estos abusos”, exigió.
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