En su respuesta a la demanda del gobierno mexicano por comercio negligente de armas, 11 empresas fabricantes de armas pidieron a una Corte de Estados Unidos que desestime la denuncia en su contra, al asegurar que no son responsables del uso que finalmente hacen los consumidores de sus productos.
En agosto pasado, el gobierno mexicano interpuso una denuncia en una Corte del estado de Massachusetts, Estados Unidos, en contra de 11 empresas fabricantes de armas y sus distribuidores por asumir una conducta negligente en la comercialización de sus armas, ya que estos productos terminan en manos de organizaciones del crimen organizado, quienes son responsables de la comisión de delitos y de hechos de violencia relacionados con sus actividades.
Este lunes, los demandados tienen que responder ante la Corte que recibió la demanda de las autoridades mexicanas, quienes reclaman una compensación económica para reparar el daño causado por la conducta de las 11 empresas fabricantes y sus distribuidores.
Las compañías, que decidieron defenderse en bloque, solicitaron a la Corte de Massachusetts que deseche el caso “bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil”, según un reporte publicado este lunes por la revista Proceso.
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Entre sus argumentos, las 11 compañías sostuvieron que sus operaciones se apegan a la legislación norteamericana en relación con la manufactura y distribución de armas. También sostienen que no son responsables del uso que finalmente tienen esos artefactos y que, por tanto, no ha lugar a la reclamación de México sobre comercio negligente.
Refieren que los fabricantes entregan la mercancía a los distribuidores, quienes a su vez venden las armas a tiendas independientes o de ventas al menudeo, mismas que son las que tienen contacto con el consumidor final, de modo que no hay manera de establecer una responsabilidad.
Las 11 compañías consideraron que es “vaga la cadena de hechos” que presenta el gobierno mexicano sobre el caso de la fabricante Rouger y el distribuidor Witmer, a quienes señala de facilitar la comercialización de armas que han llegado a grupos criminales de México.
También consideraron que la Corte de Massachusetts, donde se fincó la demanda, carece de jurisdicción sobre las demandadas, ya que estas poseen permisos federales para realizar sus operaciones, de ahí que el caso tiene que ser desechado.
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Conocida esta contestación, el gobierno mexicano tendrá la oportunidad de presentar una contrarréplica con sus argumentos y tratar de presentar razones contundentes para continuar adelante con la demanda.
Asimismo, el juez tendrá que decidir si acepta la solicitud de los acusados para desechar la denuncia o bien negar la petición. (Con información de Proceso)
GC
