El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, presentó esta mañana el plan de implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, el cual incluye 11 puntos: Nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya fueron recibidas las propuestas y en unos días, Encinas realizará las entrevistas a los 11 interesados a través de audiencias públicas. El viernes de esta semana se habrá definido la persona que encabezará esta Comisión. Conformación de Comisiones locales. Encinas apuntó que a la fecha tienen sólo 8 Comisiones integradas (una de estas en esta administración); otras 4 donde ya existe el decreto que permite su conformación, pero no se ha nombrado al responsable.
“Ya hay compromisos para que esto se conforme, pero es lamentable que hay 20 entidades donde a más de un año de haberse publicado la Ley General no se ha tomado medidas legislativas ni de integración correspondiente. Hacemos un llamado para cumplir con la disposición de la ley”, manifestó el funcionario.
Presupuesto. Encinas refirió que para fortalecer los trabajos, van a dotar de recursos suficientes para que cumplan sus trabajos la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema en su conjunto. Detalló que en 2018 se asignaron 468,946 millones de pesos a la Comisión, pero sólo se ejerció 6 millones de pesos. Aseguró que para este año, se designarán 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por las comisiones. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que también se utilicen los recursos de fondo para la seguridad del estado, con el fin de desarrollar capacidades en materia de identificación forense. Protocolos en colaboración nacional e internacional. Hemos venido elaborado en coordinación con organizaciones internacionales y de las victimas los protocolos fundamentales para desarrollar las tareas de investigación de delitos, búsqueda, exhumación, identificación y desarrollar un enfoque diferenciado que permita atacar las tareas de búsqueda en todo el territorio nacional. Coordinación y Células de Búsqueda de Vidas. Encinas señaló que se dará prioridad a la búsqueda en vida para recuperarlas frente a actos de desaparición forzada y para enfrentar problemas vinculados con a la trata de personas. En este punto se añadió el tema el tratamiento a personas migrantes, particularmente con las rutas identificadas, y donde están en riesgo. Encinas apuntó que esto forma parte de la nueva política migratoria de México, pues se estima que entre 8 y 10% de las personas desaparecidas son migrantes. Atención a Víctimas. Aquí, el funcionario apuntó que habrá que reformular de manera importante los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer efectiva la capacidad de respuesta, no sólo revisando el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas sino también las calidades de acompañamiento permanente en búsquedas de campo, agilizando procesos de registro de acceso a los fondos emergentes, y junto con ello fortalecer la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados en donde faltan 12 estados donde puedan establecerse. Encinas añadió que parte nodal de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país. Creación de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática. El funcionario señaló que no están pensando en la adquisición de equipos, pero sí de coordinar la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales. Asistencia técnica Internacional. Encinas expuso que ya se tienen acuerdos con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, con ACNUDH, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la agencia de cooperación alemana, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y “todas aquellas instituciones con las que hemos venido platicando, particularmente con la comunidad europea, en la Unión Europea, que está en muy buena disposición de, no solamente transmitir experiencias, ayudar a la formación de capacitación técnica del personal responsable de la búsqueda, identificación, sino también con recursos para desarrollar estas tareas”. Finalmente, el  subsecretario de Derechos Humanos de la Segob habló sobre la Aplicación de la justicia y de la ley. Apuntó que se tiene que continuar con la conformación de las comisiones locales, y en particular con las fiscalías especializadas en los estados, además, habrá que revisar la tipificación del delito y sus aplicaciones y se deberá establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz o los mecanismos de protección a testigos de toda la población, a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.
“Como lo ha señalado el presidente López Obrador, nunca más una guerra para combatir delitos que lleven a esta situación de tragedia nacional y de violación de los derechos humanos”, concluyó.
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