Human Rights Watch, organización internacional para la defensa de los derechos humanos, opinó en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial federal y en contra de los proyectos de reforma en materia de prisión preventiva, desaparición de organismos autónomos y seguridad pública.
De ser aprobadas en el Congreso de la Unión, tales iniciativas de reforma “socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”, además de que provocarían “un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias”.
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Como se ha informado, la Cámara de Diputados discutió y aprobó los dictámenes de una serie de reformas constitucionales y a leyes secundarias en diferentes materias —que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador—, las cuales serán turnadas a la nueva legislatura del Congreso de la Unión, que comenzará su periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre.
De todos esos dictámenes, Human Rights Watch manifestó sus preocupaciones sobre las consecuencias que tendrá el nombramiento de jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, la eliminación de restricciones constitucionales a los militares para realizar funciones civiles —seguridad pública— y la desaparición del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para reasignar sus funciones al gobierno.
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, citada por un comunicado de la misma organización.
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Por el contrario, la asociación considera que los legisladores mexicanos que tendrán en sus manos la aprobación de estos proyectos de reforma deberían generar leyes que garanticen la protección de los derechos humanos, en lugar de debilitarlos.
La posibilidad de que los juzgadores sean electos por voto popular, que se reduzca al pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —de 11 a nueve integrantes—, que desaparezca el sistema de nombramientos de juzgadores por mérito profesional y que estos solo puedan permanecer nueve años en su cargo, entre otros cambios, afectará inevitablemente a la independencia con la que deben conducirse los jueces, magistrados y ministros.
“Según los estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de influencias políticas para garantizar que toman decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de acuerdo con la ley”, considera Human Rights Watch.
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Además, la idea de introducir “jueces sin rostro”, como plantea el dictamen de la reforma al Poder Judicial, “contraviene el derecho a un juicio justo, ya que las personas imputadas no pueden evaluar si el juez tiene un conflicto de intereses”, agregó la organización con base en argumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre la desaparición del INAI, Human Rights Watch advierte que también plantea malas noticias para la sociedad, porque no se puede confiar en que el gobierno mexicano se autorregulará para cumplir con las leyes de transparencia, que obligan a los entes públicos a atender las solicitudes de información de los ciudadanos.
También estarían en riesgo los derechos de los mexicanos a la privacidad de sus datos personales.
Sobre la prisión preventiva automática, Human Rights Watch destacó que la reforma autoriza a los jueces ordenar la detención de personas por delitos como extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o producción y comercio de fentanilo, pero “sin revisar las circunstancias del caso”.
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“Requerir que los jueces dicten la prisión preventiva sin revisar las circunstancias de cada caso contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y no es una forma eficaz de abordar la delincuencia”, aseguró la organización.
El estándar internacional establece que la prisión preventiva automática solo debe autorizarse para casos muy especiales y no de manera generalizada.
Por lo que se refiere a la reforma constitucional que permite la transferencia de Guardia Nacional a las fuerzas armadas, la organización internacional alertó que este proyecto dará libertad al presidente de la República a desplegar las fuerzas armadas “de manera indefinida y a su discreción”.
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Actualmente, las fuerzas armadas ya participan en varias tareas de seguridad pública e incluso en actividades totalmente distintas, como la gestión de empresas; sin embargo, ni el Ejército ni la Marina rinden cuentas de sus actividades.
Además, las fuerzas armadas han sido señaladas por cometer excesos y violaciones a los derechos humanos durante los últimos años, de ahí el riesgo de aprobar la reforma en materia de seguridad pública, concluye Human Rights Watch.
GC
