Sindicatos y centrales obreras manifestaron su escepticismo sobre el proyecto de reforma constitucional de la federación, en materia de vivienda, al considerar que una política al respecto debe ayudar a los trabajadores a adquirir un casa, en lugar de promover la figura de la renta de inmuebles.

En opinión de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) —ambas organizaciones del sindicalismo corporativo— y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) —del sindicalismo independiente— no es necesario llevar a la Constitución el derecho a la vivienda, debido a que el artículo 123 constitucional —que tutela el derecho al trabajo— ya contiene el derecho de los trabajadores a poseer un inmueble.

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“Para reformar el numeral 123, fracción XII de nuestra constitución, se debe atender al principio de progresividad; la propuesta de reforma en cambio es regresiva al pretender solo dar una tenencia a través de renta viviendas a los trabajadores derechohabientes del Infonavit”, consideran las organizaciones obreras a través de un desplegado publicado en la prensa.

“Esto es así, porque hoy dicho instituto tiene como finalidad otorgar a estos (los trabajadores), crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones”, agregó el desplegado.

Como se ha informado, el proyecto de reforma en materia de vivienda pretende facultar al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para construir casas-habitación y no solo para otorgar financiamiento, como ocurre en la actualidad, y también plantea la opción de que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la vivienda, mediante la renta de un inmueble, mismo que al cabo de 10 años puede ser adquirido por el interesado.

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Los pagos de alquiler que se hayan depositado por 10 años se tomarán en consideración como parte del capital para la compra de la vivienda.

Sin embargo, las organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), también argumentan que la “Ley del Infonavit, en su artículo 42, fracción I, permite financiar de manera directa la construcción de conjuntos habitacionales dirigidos a sus trabajadoras y trabajadores derechohabientes, por lo que resulta innecesaria una reforma en este sentido”.

Los sindicatos y centrales obreras, entre ellos la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), consideran que “contar con una vivienda en propiedad permite la formación de un hogar y una mejor sociedad” y que, por tanto, el artículo 123 constitucional debe respetarse en sus términos actuales.

También aclaran que el artículo 123, apartado A, fracción XII constitucional, solo se refiere a “trabajadoras y trabajadores derechohabientes que cotizan en el Infonavit”.

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Las 11 organizaciones obreras firmantes refieren que, en cambio, una reforma en materia de vivienda debe reforzar el papel del Infoanvit, por la vía de reformar el artículo 123, con el propósito de garantizar la “autosustentabilidad financiera y autonomía de gestión” del Instituto “para administrar los recursos ahorrados propiedad de sus derechohabientes”.

Asimismo, es necesario buscar fórmulas que permitan facilitar el crédito a más trabajadores y aumentar la capacidad de crédito de estos, con base en la fortaleza financiera del organismo.

Otra forma de apoyar a los trabajadores para contratar un crédito hipotecario consiste en eliminar el requisito de informar sobre la situación del solicitante ante el buró de crédito, así como someter a procedimientos de venta las viviendas recuperadas pero a precios asequibles.

GC