La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) expresó su rechazo a la ocupación de tres tramos de ferrocarril concesionados a la empresa Ferrosur, de Grupo México, en el estado de Veracruz el pasado viernes, ya que constituye “un daño a México” que pone “en entredicho la certeza jurídica”.
El pasado 19 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina concurrieron al tramo de ferrocarril, que se ubica entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, en cumplimiento del decreto presidencial que se publicó ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual ordena la “ocupación temporal” por causa de “utilidad pública” de esas instalaciones.
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Asimismo, el decreto establece que el control de los tres tramos de ferrocarril -de Coatzacoalcos a Medias Aguas; de Hibueras a Minatitlán y desde El Chapo a Coatzacoalcos-, pasará a manos de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quien se encargará de operarlos, ya que se encuentran dentro del área geográfica que abarca el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto de desarrollo industrial y logístico impulsado por el gobierno federal.
Sin embargo, en respaldo a Ferrosur y Grupo México, la AMF lamentó el uso de las fuerzas armadas para retirarle el control en los hechos de los tres tramos mencionados de ferrocarril de una manera arbitraria.
“La medida hace daño a México al poner en entredicho la certeza jurídica, que es condición indispensable para todo negocio y proyecto de inversión, como es el caso del desarrollo del CIIT, mismo que requiere de la inversión privada en polos de desarrollo, operaciones portuarias, logísticas y ferroviarias, para generar tracción y crecimiento en el sur-sureste”, refirió la Asociación en un comunicado.
En este sentido, el organismo empresarial insistió en la necesidad de aplicar “acciones y políticas públicas que fomenten la competitividad, garanticen condiciones de seguridad, así como de certeza para un sector estratégica como el ferroviario”.
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Asimismo, la AMF hizo ver que “México vive un momento de transformación” que exige “unidad y diálogo” para impulsar los proyectos de infraestructura que requiere la población.
El sábado, un día después de la ocupación de los tramos de ferrocarril, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) igualmente expresó su “preocupación” por el decreto que declaró de “utilidad pública” las instalaciones ferroviarias y las actividades que se realizan en los tramos concesionados a Ferrosur.
“Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, aseguró el organismo, que constituye la cúpula del sector privado.
GC
