El gobierno federal promueve la reforma a la Ley de Hidrocarburos con la bandera de combatir el robo de combustible, práctica conocida como “huachicoleo”, sin embargo el impacto de la reforma será insuficiente si las autoridades no refuerzan las políticas de seguridad pública.
Gonzalo Monroy, director de la empresa de consultoría GMEC, consideró como una medida desproporcionada querer enfrentar el robo de combustible, así como las prácticas de contrabando de combustibles, con una reforma a leyes secundarias de la industria energética.
“Es una medida que no corresponde a la realidad. Atacan esto por la parte fiscal, pero cuando vemos que el robo de combustible lleva nueve meses a la alza, cercano a los niveles de 2018, quiere decir que la estrategia contra el robo de combustibles no está bien pensada”, dijo el experto.
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados y que puede se aprobada esta misma semana, establece la suspensión de permisos a las empresas del sector por razones de seguridad nacional y seguridad energética, así como por razones de emergencia económica.
Sin embargo, en opinión de Gonzalo Monroy lo que hace falta para enfrentar de manera más efectiva este tipo de ilícitos consiste en aplicar un enfoque de persecución del delito.
“Un hecho relevante fue la detención de José Antonio Yépez Ortiz ‘el Marro’ —jefe de una banda criminal—, pero seguimos sabiendo que hay remanentes de los cárteles que tienen en el huachicol una entrada de dinero. Aquí es una estrategia ya no solo fiscal, sino de seguridad pública”, aseguró el experto.
En entrevista por videoconferencia, el experto descartó que la iniciativa de reforma contribuya a garantizar el abastecimiento de combustibles en el país y a reducir los precios al consumidor final, como ha ofrecido el gobierno federal para defender la pertinencia de su proyecto.
La razón está en que la iniciativa de reforma introduce mecanismos que desalientan la inversión y el ingreso de nuevos jugadores al mercado, como el ya mencionado sobre la suspensión de los permisos a las empresas privadas.
Otro freno a la inversión consiste en la utilización de la figura de negativa ficta, en lugar de la afirmativa ficta. Esto es que si el gobierno no responde a los solicitantes de los permisos en un plazo de 90 días máximo, se entenderá que la petición fue negada.
Gonzalo Monroy recordó que en 2019, México enfrentó una situación de desabasto de combustibles, que dejó a 17 millones de personas sin esos insumos, lo cual puso en evidencia que depender de un solo suministrador —Petróleos Mexicanos (Pemex)— implica riesgos para el abastecimiento del mercado.
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El experto hizo ver que, en aquella ocasión, la zona del Bajío pudo sortear la escasez de combustibles por las empresas privadas establecidas en la región que tuvieron margen para realizar importaciones y distribuir los productos en el mercado local.
“Esto muestra la importancia de tener más participantes y diversificar el suministro, como si los mexicanos fuéramos rehenes cuando deberíamos tener todas las opciones de competidores que ofrezcan calidad y precio, para que podamos escoger; pero eso es lo que nos niegan las reformas a las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica”, concluyó Gonzalo Monroy.
GC
