La Cámara Internacional de Comercio México (ICC México) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que debilita el Estado de derecho.
El organismo empresarial argumentó que la reforma viola acuerdos internacionales firmados por nuestro país, como el Pacto de San José, relativo a las “debidas garantías” judiciales.
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Asimismo, se vulnera “la vigencia y eficacia de derechos humanos frente a actos presuntamente arbitrarios de las autoridades”, consideró ICC México a través de un comunicado.
El organismo empresarial argumentó que la figura de suspensión temporal o definitiva del acto reclamado —en lo que se resuelve el juicio de amparo— constituye una manera de fortalecer las “garantías judiciales” de los ciudadanos, de ahí que no se entienden las razones por las cuales el Poder Legislativo suprimió la figura de la suspensión.
“La suspensión del acto reclamado es una institución que tiene el gobernado para conservar viva la materia del juicio de amparo mientras dure el procedimiento y cuando se considere prima facie —a primera vista— que los actos de autoridad vulneran sus derechos fundamentales”, aseguró ICC México.
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Al borrarse de la Ley de Amparo la figura de la suspensión, el ciudadano puede verse inevitablemente expuesto al acto de autoridad presuntamente arbitrario y enfrentar daños irremediables, mismos que el gobierno ya no podrá reparar aunque el ciudadano tenga sentencia favorable en el juicio de amparo, destacó el organismo empresarial.
Cuando los legisladores eliminaron de la Ley de Amparo la figura de efectos generales, también debilitaron las garantías individuales de los ciudadanos, especialmente de las personas de menores recursos que ya no podrán beneficiarse del juicio de amparo que ganen otras personas.
“Los jueces habían tenido la facultad de analizar y determinar en cada caso si la suspensión debe ser particular o general, pero la reforma a la Ley de Amparo aprobada elimina de manera absoluta la posibilidad de que las suspensiones puedan tener efectos generales”, comentó la Cámara.
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“Hasta antes de esta reforma, la Ley de Amparo ha sido un eficaz instrumento de defensa de los ciudadanos y empresas para combatir la desigualdad entre quienes tienen mayores medios para defenderse y quienes no, así como afectaciones a la libre competencia entre empresas”, agregó ICC México.
En este sentido, el organismo empresarial solicitó al Máximo Tribunal del país que, de llegar a sus manos acciones de inconstitucionalidad, que declare la reforma a la Ley de Amparo como una norma contraria al texto de la Carta Magna.
GC
