Presidencia de la República envió a la Cámara de Diputados un proyecto para crear la nueva Ley general de protección civil y gestión del riesgo de desastres, la cual deberá regir a los gobiernos federal y locales para atender una emergencia ante fenómenos como temblores, huracanes, incendios e inundaciones, entre otros, que ocasionan daños a la población y a la infraestructura.
La posible promulgación de esta nueva ley sustituirá a la Ley General de Protección Civil, que rige en la actualidad, y cuyas últimas reformas datan de 2012.
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La nueva Ley desplaza los mecanismos de financiamiento para la atención de los desastres naturales, tales como el Fondo de Desastres Naturales –ya extinto en este sexenio—, los fondos de ayuda federal y los fondos de protección civil de los estados.
En su lugar, se establecerán “instrumentos presupuestarios de carácter federal para la gestión de riesgos”, que consistirán en el programa del gobierno federal para prevenir o responder ante “daños ocasionados por una amenaza natural”.
El proyecto también hace responsables a los gobiernos locales de la integración de recursos económicos para enfrentar los desastres.
“Las entidades federativas deberán prever recursos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera sido afectada por la ocurrencia de uno o más fenómenos naturales”, refiere el proyecto.
También especifica que los gobiernos estatales y municipales deberán “contratar seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un fenómeno natural”.
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La nueva ley elimina el concepto de declaratorias de emergencia y desastre, para crear las figuras de “acuerdo por el que se establece una situación de emergencia” y “acuerdo por el que se establece una situación de desastre”.
El primero se refiere al aviso por el cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoce que varias entidades federativas se encuentran en alto riesgo de una amenaza natural; mientras que el segundo se refiere al reconocimiento de la SSPC sobre la presencia de una o varias amenazas naturales, en uno o varios municipios de una o de varias entidades federativas, y cuyos impactos físicos sobrepasan las capacidades económicas de los gobiernos locales.
Lo anterior implica que las declaratorias de emergencia ya no se harán por municipio, sino a nivel estatal, para abarcar a uno o varios municipios.
El proyecto, que se publicó este martes en la Gaceta Parlamentaria, aclara que las nuevas indicaciones sobre los presupuestos pretenden “garantizar que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, en primer momento, prevean en sus finanzas, la atención de acuerdo con la gestión del riesgo de desastres”.
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Pero solo “en caso de que los recursos resulten insuficientes, puedan solicitar el apoyo a la federación a través de los citados acuerdos”, agregó el proyecto.
El proyecto de nueva Ley general de protección civil y gestión del riesgo de desastres deberá pasar a comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis, debate y eventual aprobación, para después presentarse ante el pleno para votación.
La iniciativa puede consultarse aquí.
GC