A casi dos meses de haberse dado a conocer, el programa de los gobiernos federal y de Sinaloa para atender las inconformidades de los productores de maíz por los bajos precios del grano y la total comercialización de sus cosechas “es un total fracaso”, debido que no logró una “comercialización ordenada de la cosecha a menor costo posible” para el productor y el consumidor, aseguró Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Debido a las complicaciones que todavía persisten para colocar la cosecha de los productores de maíz provocará pérdidas económicas estimadas en 6,000 millones de pesos (mdp), que será cubierta por los consumidores, refirió la empresa de consultoría en un reporte “La comercialización de la cosecha récord 2022-2023 de maíz en Sinaloa sin resolverse”.
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Uno de los acuerdos que se alcanzaron en junio pasado consistía en que se iban a agilizar los pagos por las compras que hicieron el gobierno federal, vía el programa de Precios de Garantía, y el gobierno estatal, de dos millones de toneladas de maíz, y que además, esos pagos iban a procurar cubrir un precio “lo más cercano” a 7,000 pesos la tonelada, que demandaban los productores.
El precio que se pactó fue de 6,865 pesos por tonelada métrica.
Al presente, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) –que administra el programa de Precios de Garantía— lleva un avance de 95% en el pago de la primera compra de maíz por un millón de toneladas, mientras que la segunda compra por 500,000 toneladas métricas aún no ha comenzado los pagos, refirió GCMA.
El gobierno sinaloense se comprometió a comprar 500,000 toneladas de maíz, pero de momento ha pagado 53.2% de ese volumen.
Una parte de la cosecha, unas 85,000 toneladas de maíz, se iban a dirigir a los centros de distribución del organismo Diconsa –dependiente de Segalmex— para su venta al consumidor final, principalmente en zonas rurales.
Las autoridades y los productores acordaron que el resto de sus cosechas, 4.63 millones de toneladas, se iban a comercializar libremente en el mercado nacional, de lo que se desprende que al presente se han colocado poco más de tres millones de toneladas, a precios menores, que varían entre 4,600 y 5,200 pesos por tonelada.
El grano se distribuyó en las industrias harinera y almidonera, así como entre el sector pecuario, comercializadores y también mediante la comercialización directa en el campo.
Sin embargo, todavía existen 1.5 millones de toneladas en bodegas en espera de ser vendidas.
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Debido al precio acordado entre las autoridades y los productores, los volúmenes de compra-venta con el sector público y los costos derivados de transporte y almacenaje, entre otros, se desprende que resultará una pérdida de 6,000 mdp, que se transferirá en los precios al consumidor final, refirió GCMA.
Pero también los productores han sido responsables de su situación por “dejar de lado más de 20 años de aprendizaje en la administración de riesgos al no contratar coberturas de precios”.
El gobierno federal pudo respaldar a los productores con un “apoyo emergente” de 800 a 1,000 pesos la tonelada para toda la producción, pero al ofrecer un apoyo parcial, los productores enfrentarán problemas de rentabilidad a la hora de comercializar sus cosechas.
Pero detrás de la situación compleja que vive la producción de maíz nacional está la eliminación del Programa de Comercialización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el cual planteaba un ingreso objetivo que protegía a los productores. Asismismo, se ha desmantelado el programa de Agricultura por Contrato, que garantizaba la comercialización de la cosecha, así como las Coberturas de Precio por la volatilidad del mercado, mismo que protegía al productor y al comprador.
GC
