Legisladores de oposición del Senado de la República interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto que desaparece a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), también conocida como Financiera Rural.

Los legisladores impugnaron el decreto, publicado el pasado 29 de mayo, al argumentar faltas al debido proceso legislativo, ya que no se cumplieron los requisitos legales en la sesión del 28 de abril pasado, cuando se aprobó la iniciativa en el Senado de la República.

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La acción de inconstitucionalidad también argumenta que se pasaron por alto los derechos de las minorías parlamentarias, además de que no se reunió el quorum legal para hacer la votación en la que se aprobó la desaparición de Financiera Rural.

Además, la reforma que declaró extinta a Financiera Rural y que abrogó su Ley Orgánica viola el principio de “progresividad”, en la medida en la que se cancelan derechos adquiridos de los productores del campo, sin olvidar que se viola el derecho a la seguridad alimentaria.

El recurso de impugnación entregado a la SCJN lleva el respaldo de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC).

Clemente Castañeda, senador por MC, expuso que la extinción de Financiera Rural representa un “duro golpe” para los pequeños y medianos productores de alimentos del país, que tendrán menos opciones de financiamiento para realizar sus labores agrícolas.

“Financiera Rural permitía que miles de familias jaliscienses y mexicanas se siguieran dedicando al campo y no tuvieran que abandonar sus lugares de origen. Ahora todas esas familias quedan en el desamparo por una decisión ilegal y arbitraria”, refirió el senador.

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Los legisladores presentaron la acción de inconstitucionalidad cuando el proceso de extinción de Financiera Rural ya está en marcha, debido a que el Banco de México (Banxico) ha informado que parte de la cartera de esa institución se trasladará a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que administra el Banco central.

El decreto del 29 de mayo establece que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tendrá la responsabilidad de conducir el proceso en su calidad de “liquidador único”.

GC