México requiere de manera urgente de una Ley Federal de Ciberseguridad, que proteja los derechos de las personas usuarias de la tecnología digital, pero con apego a los estándares internacionales y la participación de las empresas y especialistas.
“La seguridad nacional, así como la estabilidad económica y social dependen de un marco de ciberseguridad competente, de la misma forma que de lineamientos/legislación y cooperación entre sectores para proteger los activos de los efectos devastadores de los ataques cibernéticos”, comentó la representación en México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), a través de un comunicado.
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Como se ha informado, casi al cierre del periodo ordinario de sesiones —que concluyó en abril—, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa para crear la nueva Ley Federal de Ciberseguridad que, entre otras cosas, plantea la conformación de una Agencia Nacional para la Seguridad Digital, un registro de incidentes y la tipificación de delitos que puedan afectar a organizaciones o personas.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá crear una fiscalía especializada en ciberseguridad, entre otras propuestas.
Al respecto, ICC México sugiere que “ante la importancia que las necesidades actuales plantean”, lo más recomendable para el país consiste en “adoptar modelos, lineamientos y buenas prácticas y trabajar entre el Estado y las partes interesadas”.
El organismo destaca la relevancia que las disposiciones que se incluyan en la nueva Ley Federal de Ciberseguridad contengan “sólidas salvaguardas procesales y de derechos humanos para regir las investigaciones penales”.
Lo anterior, debido a los particulares objeto de un incidente de ciberseguriad deben tener la garantía que las autoridades respetarán su privacidad y protegerán su identidad, independientemente de las investigaciones que realicen para hallar a los responsables.
En este sentido, se debe tener cuidado que “cualquier injerencia en derechos como la privacidad cumpla con los estándares internacionales”, por ejemplo, que el Poder Judicial otorgue una autorización para permitir a las fuerzas de seguridad su intervención.
Por la complejidad técnica e interdisciplinariedad involucradas en la ciberseguridad, ICC México sugiere a los legisladores y al gobierno que procuren la participación de especialistas y empresarios del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
“Se necesita la participación de los múltiples agentes que formamos parte del entorno digital. Para que sea efectiva, será necesario que los legisladores convoquen, escuchen y tomen las consideraciones que los distintos actores aporten sobre ciberseguridad”, insistió ICC México.
En el fondo cualquier legislación en la materia tendrá que ser respetuosa y protectora de los derechos humanos y contribuir realmente a la seguridad de los saurios de la tecnología digital, concluyó el organismo.
GC
