Los excedentes petroleros que obtuvo el gobierno por el crudo caro no compensaron los estímulos fiscales que otorgó para mantener estables los precios de las gasolinas en 2022, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), quien destacó que esta política no se debe mantener a largo plazo.
El beneficio tributario a los combustibles costó 397 mil 298 millones de pesos, considerando que el gobierno esperaba recaudar 318 mil 136 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel, pero registró una pérdida de 79 mil 162 millones, recordó el Imco con base en los datos de la Secretaría de Hacienda.
Los 397 mil millones de pesos son equivalentes al presupuesto de la Secretaría de Educación en 2022, 1.3 veces el de la Secretaría del Bienestar, y el doble de lo que recibió la Secretaría de Salud.
En tanto, considerando únicamente los ingresos petroleros del gobierno, éstos fueron superiores a lo previsto en 269 mil 160 millones de pesos, gracias a los altos precios que registró el llamado oro negro.
Ello implica, señaló el Imco, que el costo de la Hacienda pública fue de 128 mil millones de pesos adicionales a los excedentes petroleros.
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“Es posible que, como argumenta el gobierno federal, los estímulos a los combustibles hayan mitigado los niveles de inflación. Sin embargo, es importante analizar el costo para la hacienda pública”, señaló en un análisis.
El instituto aclaró que la cifra no cuenta los ingresos excedentes de Petróleos Mexicanos (Pemex), dado que se consideran únicamente los recursos que entran a la Tesorería de la Federación, no los de una empresa que si bien es propiedad del Estado mexicano, no es la única fuente de ingresos del gobierno.
¿Rescatar a Pemex?
El Imco destacó que Pemex tendrá que cubrir 10 mil millones de dólares de vencimientos de deuda en este año, es decir 188 mil millones de pesos; únicamente en el primer trimestre los pagos alcanzarán 6 mil millones de dólares.
El gobierno ha anunciado que Hacienda apoyará en estos pagos para continuar con el plan de rescate financiero de la empresa.
“Esta medida representa una presión adicional a las finanzas del país y fortalece la simbiosis entre la petrolera y la hacienda pública”, señaló.
En su opinión, la renta petrolera debe concebirse como un vehículo para detonar crecimiento y desarrollo económico.
“La política de estímulos fue la respuesta a una coyuntura específica, sin embargo, no es la mejor alternativa de largo plazo ante las fluctuaciones en el precio del petróleo. Mantener esta política implicaría perpetuar distorsiones en un mercado que necesita competencia e infraestructura”.
FP
