Pese a los avances en materia de política social, México todavía es un país con grandes desigualdades sociales, ya que 49 personas de cada 100 que nacen en hogares de pobreza extrema permanecen en esa condición el resto de su vida.
Si bien 51 de cada 100 sí logran salir de la pobreza extrema, 25 de esos individuos no logran rebasar la pobreza moderada, advierte el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
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En este sentido, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en condiciones de ingresos suficientes para atender sus necesidades seguirán igual toda su vida.
Asimismo, destaca que las posibilidades de quedarse en condiciones de pobreza son diferentes según la región geográfica del país.

En el norte de México, 54% de los individuos que nacen en hogares de bajos ingresos continuarán en esa condición; mientras que en entidades como Zacatecas, Sinaloa y Nayarit, el promedio es de 58%.
De manera contrastante, se advierte que en la región sur-sureste del país, 86% de la población en pobreza que nace en hogares pobres no podrán cambiar esa condición.
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En el centro de la República, 68% de las personas de los hogares en condiciones de pobreza tampoco podrán salir de esa situación.
Por el contrario, se observa que 57 de cada 100 mexicanos que nacen en hogares de altos ingresos logran permanecer allí el resto de su vida.

“Aunque exista una composición relativamente móvil entre los estratos medios, la persistencia en los extremos de la distribución es elevada”, refiere CEEY.
Lo anterior se debe a la desigualdad de oportunidades con las que nacen los mexicanos, según su estrato social, para salir adelante.
“Al menos 48% de la desigualdad en los logros de la población mexicana se debe a que las oportunidades con las que cuentan las personas para salir adelante no son las mismas”, refiere el estudio.
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Entre las oportunidades se encuentra un amplio rango de facilidades como alimentación nutritiva, servicios de salud de calidad a lo largo de la vida, instrucción escolar de calidad, vivienda, empleo formal y estable, seguridad pública, prestaciones sociales —pensiones y jubilaciones— hasta las relaciones familiares y personales que permiten a una persona ingresar a un empleo, conseguir un crédito o bien hacer negocios.
En este sentido, la acción del Estado debe concentrarse en ampliar e igualar las oportunidades de las personas para lograr mayor movilidad social, para lo cual se necesitan de políticas públicas que atiendan las desigualdades.
Dichas políticas tendrán que estar dirigidas a educación, salud y protección social, mismas que “solamente podrán establecerse si el Estado mexicano logra, como primer paso, una reforma hacendaria que garantice su financiamiento y sostenbilidad”, refirió el CEEY.
GC