El decreto presidencial que declara como asunto de “utilidad pública” tres tramos de ferrocarril, que están concesionados a Ferrosur, en el estado de Veracruz, y la ocupación de los mismos con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), se trata de un acto de gobierno para “recuperar una concesión” otorgada a un privado y no de la ejecución de una “expropiación”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de “ocupar temporalmente” los tramos de ferrocarril que actualmente opera Ferrosur –empresa de Grupo México— en Veracruz y que están identificados como Z, ZA y FA, mismos que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y desde El Chapo a Coatzacoalcos, los tres en Veracruz.

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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, el mandatario aseguró ese lunes que la intención consiste en fortalecer el despliegue del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) e impedir su privatización en un futuro, ya que es uno de los proyectos emblemáticos de su gobierno que pretende impulsar parques industriales y servicios logísticos entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

No queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste”, comentó el mandatario sobre la relevancia para su gobierno de “rescatar” los títulos de concesión de los tramos intervenidos y que fueron otorgados a Ferrosur en 1998.

López Obrador devolvió a Grupo México la responsabilidad de la situación, al manifestar que su gobierno trató de negociar con el corporativo los títulos de concesión de los tres tramos mencionados, pero que la contraparte no quiso dialogar, que pidió una indemnización excesiva y que, incluso, dejó de contestarle las llamadas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Querían que les pagáramos 9,500 millones de pesos (mdp), pues así ya no se puede”, aseguró López Obrador.

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En este sentido, el gobierno federal se vio en la necesidad de emitir el decreto que declara de “utilidad pública” los tres tramos de ferrocarril mencionados, una decisión que no constituye una expropiación, porque las empresas no son dueñas de las rutas de ferrocarril, sino que se trata de retirar la concesión que se otorgó a un privado para operar un ferrocarril.

¿Qué es expropiar? Lo que es de propiedad privada. Es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación”, argumentó López Obrador, para tratar de refutar los cuestionamientos del sector privado y de la oposición, en el sentido de que su gobierno ordenó una expropiación en perjuicio de inversión privada.

El pasado 19 de mayo, Presidencia de la República y la Semar publicaron un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que declara de “utilidad pública” los tramos de ferrocarril mencionados, por lo que ordena su “ocupación temporal” para que, en adelante, la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se haga cargo de su operación.

Asimismo, elementos de la Semar concurrieron al tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas para ocupar las instalaciones de Ferrosur en se lugar.

La disposición cayó como “balde de agua fría” a Grupo México y al sector privado mexicano, ya que la los días martes y miércoles de la semana pasada, Germán Larrea Mota Velasco, presidente del corporativo, acudió a dos reuniones a Palacio Nacional.

Sin embargo, López Obrador rechazó los cuestionamientos sobre la legalidad de la decisión para ocupar los tramos de Ferrosur, al argumentar que en particular el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas se encontraba inactivo.

“Esta concesión ha sido recuperada, el tramo ferroviario que se recuperó estaba en desuso (…) Gracias a eso, ahora existe la posibilidad de transportar pasajeros y carga desde Coatzacoalcos hasta Puerto Progreso, Yucatán”, aseguró el mandatario.

GC