El gobierno de Estados Unidos solicitó a México la apertura de un panel de controversias, de tipo laboral, para confirmar si la empresa Minera Camino Rojo violó los derechos de libre sindicalización y de contratación colectiva de sus trabajadores.
Lo anterior, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno mexicano respecto a la responsabilidad de la compañía en las irregularidades que se le imputan.
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Se trata de la tercera vez que el gobierno de Estados Unidos, representado por la oficina del Representante Comercial de ese país, invoca un panel de controversias en materia de trabajo, conforme al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La mayoría de los 22 casos que se han atendido a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida han logrado atenderse en la etapa de consultas, pero solo en tres casos —en los que se incluye el de Minera Camino Rojo— han trascendido a la etapa de panel de controversias.
En agosto de este año, la oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano que revisara la situación de Minera Camino Rojo, perteneciente al grupo canadiense Orla Mining, y ubicada en Mazamil, Zacatecas, en donde se presume que la empresa impide que los trabajadores se afilien libremente al sindicato de su preferencia.
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En septiembre, las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (SE) y (STPS) de México dieron trámite a la petición para verificar si efectivamente se violan los derechos de libertad sindical y contratación colectiva.
Pero al cabo de sus investigaciones, las autoridades mexicanas no han logrado confirmar que efectivamente se violen tales derechos, situación por la cual ambos gobiernos no logran ponerse de acuerdo respecto al tratamiento que conviene dar al caso de Minera Camino Rojo.
Detrás de este caso, se encuentra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que dirige Napoleón Gómez Urrutia, el cual acusa a la empresa de entrometerse en la vida sindical de los trabajadores y de orillarlos a afiliarse a otra agrupación sindical, denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana, que pertenece a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).
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“Tras concluir el periodo de 45 días para revisar el caso, México publicó un reporte con hallazgos limitados sobre la denegación de derechos en la unidad productiva”, refrió la oficina del Representante Comercial en un comunicado.
La misma oficina ha consultado nuevamente al gobierno mexicano sobre la situación laboral de la empresa, pero “no ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre un curso de remediación”.
En este sentido, el gobierno norteamericano considera que la denegación de derechos sigue vigente en Minera Camino Rojo, por lo que solicitó la apertura de un panel laboral, con el propósito de atender la situación, concluyó el comunicado.
GC
