La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue aprobada por los diputados federales y que aspira a rescatar el dinero de cuentas bancarias inactivas o “abandonadas”, no pretende despojar a los ciudadanos de sus bienes, sino únicamente darle un “sentido útil” a recursos ociosos.
Esta fue la aclaración de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, respecto a la iniciativa que modifica el artículo 61 de dicha ley, en lo que se refiere al uso que deben tener los recursos económicos de cuentas bancarias que durante años no reportan movimientos.
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y que especifica que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a tareas de seguridad pública.
Se especifica que el dinero involucrado, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública.
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El dictamen aprobado por los diputados refiere que si el dinero de una cuenta presuntamente abandonada no se reclama por nadie en el transcurso de tres años, tendrá que pasar a una cuenta concentradora, y que si pasados otros tres años, tampoco son reclamados por nadie, entonces ese dinero será puesto a disposición de la beneficencia pública o las tareas de seguridad.
Si la cantidad rescatada es menor a 540 Unidades de Medida y Actualización (UMA) –hoy día equivalente a 58,958.8 pesos— se enviará a la beneficencia pública, pero si es mayor entonces se destinará para la seguridad pública.
En este último caso, del dinero que se disponga en la cuenta bancaria “abandonada”, una proporción de 50% será para la federación, 30% para los estados y 20% para los municipios.
El dictamen se encuentra en manos del Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación.
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Ricardo Mejía trató de aclarar que el dinero recobrado de las cuentas inactivas no será automáticamente decomisado por el gobierno federal, sino que deberá seguir una serie de procedimientos para su destino final.
“Evidentemente esto está sujeto a una serie de controles y reglas de carácter financiero, pero si se advierte que hay una bolsa muy importante que no se utiliza para un fin socialmente útil, sino que son utilizados por las instituciones bancarias, pues bien podrían utilizarse para temas de carácter social”, dijo el funcionario en la conferencia de todas las mañanas de Presidencia de la República.
También dijo que actualmente, los recursos económicos que se decomisan a las organizaciones criminales se destinan para las corporaciones de seguridad pública, lo cual se realiza con total transparencia, porque así lo establece la ley.
Mejía Berdeja no pudo calcular una cantidad de dinero que pudiera estar en cuentas “abandonadas”, pero dijo a modo de ejemplo que el delito de extorsión genera transacciones por unos 14,000 millones de pesos (mdp).
GC
