Sin querer “beatificar” al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el proyecto para desaparecer los organismos constitucionales autónomos, junto con la fluctuación del peso frente al dólar, constituyen factores que generan incertidumbre en el sector de telecomunicaciones y que tienen un alto potencial de inhibir las nuevas inversiones.
“Muchos hemos criticado al IFT pero también sabemos que ese regulador es lo mejor que podíamos tener y ahora, de un plumazo, se pretende borrarlo y volver a 1994. Quedamos en un mal escenario, qué pésima situación”, comentó Ernesto Piedras, director de la empresa de consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
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Como se ha informado, en el conjunto de 20 reformas constitucionales que presentó el 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó un proyecto para eliminar los organismos constitucionales autónomos —la mayoría del sector económico— entre los que encuentra el IFT, en aras de ahorrar presupuesto y eliminar “duplicidades”.
Conforme a la iniciativa, las funciones reguladoras del IFT pasarán a manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Sin embargo, los analistas de la consultora The CIU advierten que este intento va en contra de los principios de certeza jurídica y reglas claras para el sector de telecomunicaciones, ya que la desaparición del regulador y la transferencia de sus funciones al gobierno federal no garantizan que el mercado de telecomunicaciones se regirá bajo reglas de independencia, transparencia y neutralidad.
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“Si por alguna decisión irracional se decide borrar al IFT y meterlo en una estructura burocrática de gobierno sin autonomía”, las inversiones se van a frenar por la desconfianza, agregó Piedras, en conferencia de prensa.
Advirtió que esta posible suspensión de las inversiones comprometerá el desarrollo de la telecomunicaciones el país, que actualmente enfrenta déficit de infraestructura.
“El escenario no es promisorio para el sector, no encuentro una justificación para la captura regulatoria. Bienvenidos a 1994”, aseguró Ernesto Piedras.
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Asimismo, The CIU advierte que la desaparición del IFT constituye una violación a las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que menciona la relevancia de la existencia de organismos reguladores autónomos.
El artículo 18.17 del T-MEC indica que “cada parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente”.
También refiere lo siguiente: “para México el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto al Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento”.
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Por lo anterior, la extinción del IFT y su incorporación en la SICT puede interpretarse como una tal de México al T-MEC.
Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo, visual presidenta electa anunció la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en cuanto asuma su mandato a partir del 1 de octubre próximo.
La nueva institución se encargará principalmente de unificar las áreas de digitalización del gobierno federal, con el propósito de agilizar los trámites gubernamentales.
Sin embargo, se desconoce de momento si la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones absorberá las funciones del IFT.
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En este contexto, Carlos Roberto Hernández —analista de la empresa de consultoría— destacó que el sector de telecomunicaciones es generalmente “resiliente a los impactos macroeconómicos”, pero advirtió que de continuar los recientes episodios de depreciación del peso sí pueden afectar a las empeñas del sector.
La volatilidad del tipo de cambio tiende a encarecer los precios al productor y también tiende a reducir el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede repercutir en la generación de ingresos de las empresas de telefonía, internet y televisión de paga.
Pero también Carlos Roberto Hernández hizo ver que los próximos cambios regulatorios de telecomunicaciones generan una “parálisis en las inversiones del sector, ante la incapacidad de saber si estas inversiones podrán ser redituables”.
GC
